El 80% de las denuncias por delitos sexuales son desestimadas según datos del Primer Informe del Estado de la Justicia en Costa Rica. Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema, no duda de la necesidad de hacer reformas para evitar la impunidad en una materia tan delicada. La magistrada tiene toda la razón. Si al altísimo porcentaje de casos desestimados se añaden los delitos no integrados a las estadísticas por falta de denuncia o conocimiento de las autoridades, es fácil visualizar la alarmante extensión de la impunidad y la necesidad de ponerle coto.
Un importante número de delitos sexuales ocurren en el hogar, entre familiares y allegados. Esas circunstancias dificultan la denuncia. Con frecuencia, la víctima es objeto de amenazas y presiones ejercidas por victimarios que permanecen próximos o por otras personas del entorno, también interesadas en impedir la acusación.
Muchas veces, las víctimas son personas indefensas, entre ellas niños y ancianos, o están sometidas a la autoridad del victimario por razones económicas o sociales. Hay casos donde no están presentes ninguna de esas circunstancias, pero la víctima teme un segundo trauma en los tribunales, en el curso de procesos excesivamente prolongados y complejos que mantienen abiertas las heridas. A pesar de eso, algunas víctimas persisten hasta comprobar en los hechos lo que otras imaginan al mantenerse lejos de los tribunales. Esos denunciantes se cansan y abandonan el proceso. A las autoridades solo les queda la posibilidad de ponerle fin sin juicio ni condena.
Eugenia Salazar, fiscala adjunta de delitos sexuales, acepta la estadística del Informe del Estado de la Justicia, pero lamenta la falta de información sobre las causas de tantas desestimaciones. No descarta la hipótesis adelantada por la presidenta de la Corte sobre el deficiente acompañamiento de los denunciantes, pero su llamado a profundizar en los motivos debe ser atendido. Conocer las razones específicas, además de las generales que se sospechan, permitirían diseñar una estrategia más completa.
Pero no es necesario esperar a un diagnóstico tan pormenorizado para enfrentar los problemas más sobresalientes. Según la propia fiscala Salazar, una evaluación interna vertió luz sobre el efecto negativo de una sucesión de citas para entrevistar a la víctima. Los denunciantes deben ser interrogados una sola vez, apenas se acercan a la justicia. Conseguir ese objetivo depende de la coordinación entre los despachos intervinientes.
La sensibilidad y competencia del personal a cargo de atender a las víctimas también es esencial. Bastantes dificultades esperan a los denunciantes de delitos sexuales a lo largo del proceso judicial como para hacerlos también víctimas de descoordinación e insensibilidad burocrática.
Para mejorar el acompañamiento ofrecido a la víctima, la presidenta de la Corte propone un plan elaborado a partir de consultas formuladas a diversas dependencias del Poder Judicial, el Instituto Nacional de la Mujer y la Policía administrativa. El propósito es “afinar” la guía ofrecida a los ofendidos.
Las recomendaciones iniciales coinciden en mucho con los señalamientos de la fiscala Salazar. Es necesario aumentar la coordinación entre los despachos involucrados y variar el protocolo de investigación del Ministerio Público para acercarse a la víctima por diversos medios y evitar la revictimización. En buena hora el Poder Judicial se plantea un problema tan serio. Es preciso erradicar la impunidad de criminales tan abominables.