El último Índice de Gestión Municipal (IGM), dado a conocer recientemente por la Contraloría General de la República, muestra resultados poco alentadores, que deberían convertirse en acicate para mejorar la gestión de los gobiernos locales, en particular aquellos con los mayores problemas y rezagos para cumplir su mandato.
La principal buena noticia del informe es que la calificación promedio de las 81 municipalidades para el 2013 mejoró 1,2 puntos con respecto al 2012. Sin embargo, este avance fue inferior a los obtenidos entre los tres años anteriores. Además, la “nota” final promedio llegó apenas a 56,3 puntos de 100 posibles, con base en información proporcionada por las 81 municipalidades. A partir de ella, la Contraloría determinó el desempeño en torno a 61 indicadores, agrupados en cinco ejes de gestión: desarrollo institucional; planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas; desarrollo ambiental; servicios económicos, y servicios sociales.
En este, como en tantos otros análisis, los promedios no son suficientes para aquilatar con certeza la realidad, siempre compleja y contrastante. Por ejemplo, un municipio como Santa Ana obtuvo 86,48 puntos, la mayor calificación, mientras Guatuso, el que presenta mayores problemas, apenas llegó a 29,81, una diferencia abismal. Entre estos dos extremos surgen situaciones muy heterogéneas.
Sin embargo, a pesar de las diferencias de grado, existen importantes retos comunes. Entre los mayores, la Contraloría señala el aseo de vías y sitios públicos; la recolección, depósito y tratamiento de residuos, y la insuficiencia y mantenimiento de parques y obras de ornato; es decir, servicios que inciden directamente en la calidad de vida de los habitantes. A ellos se añaden problemas de control interno, planificación urbana, información financiera, resultados deficitarios o superávits innecesarios, y baja ejecución de inversiones.
El propósito del IGN, que se compila desde hace varios años, no es, simplemente, dar cuenta de los éxitos, fracasos y desafíos. Aspira, sobre todo, a convertirse en un instrumento analítico para la toma de decisiones que incidan en una mejor gestión municipal y bienestar ciudadano. Por esto, el informe, a la par de resaltar lo importante que puede resultar “la aplicación de sanas prácticas y alianzas estratégicas entre municipalidades afines”, sugiere que “cada administración municipal, además del esfuerzo interno que pueda emprender, valore el apoyo” que ofrecen otras entidades. Entre estas menciona el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el Ministerio de Planificación y las Federaciones de Gobiernos Locales.
Al repasar esa lista y, a la vez, conocer de las enormes insuficiencias que se mantienen, surgen dos preguntas esenciales: ¿estarán focalizadas tales entidades en coadyuvar, de forma práctica, con la mejora sustancial del desempeño municipal?, y ¿tendrán muchos gobiernos locales condiciones para solicitar y absorber la eventual colaboración? Por esto, y de manera implícita, el IGN, además de ser un llamado de atención y un instrumento para la gestión institucional, debe ser un acicate para que las decisiones y dinámicas políticas de los gobiernos locales sean manejadas con mayor responsabilidad, sentido de cooperación entre los partidos, y entre los concejos y los alcaldes.
Quizá la elección simultánea de todos los puestos municipales a mediados de período, lo cual ocurrirá por primera vez en el 2016, ayude a crear mejores condiciones generales de gobernanza local. Pero no hay que esperar hasta entonces para que todas las partes –y, sobre todo, personas– involucradas en el trabajo de las administraciones locales asuman sus responsabilidades con mayor dinamismo. Los municipios mejor evaluados pueden servir como parangón y, quizá, hasta ayudar a los más limitados.