En actividades como las del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que por no desarrollarse en un mercado de plena competencia son objeto de regulación y supervisión prudencial, los criterios utilizados para el registro de las operaciones adquieren una importancia capital, pues tienen consecuencias directas sobre las tarifas cobradas a los usuarios, que son muchos. Dado el peso del precio de la electricidad sobre el cálculo del índice de precios al consumidor, los criterios de registro también tienen efectos sobre la inflación.
El tema es especialmente significativo en materia de diseño, construcción y administración de activos con vida útil superior a un año. Para ese caso, existen varias opciones. La primera es que la entidad, digamos el ICE, financie mediante deuda el costo total de la obra. El resultado contable es la existencia de un activo y un pasivo por igual monto. Periódicamente, lo reflejará en su estado de ganancias y pérdidas y trasladará a las tarifas los gastos de operación y mantenimiento de la obra, su depreciación a lo largo de la vida útil y los intereses pagados por la deuda, pero no la amortización, pues eso sería doble contabilización, dado el registro de la depreciación del activo.
Una segunda opción es suscribir un contrato de arrendamiento operativo a cuyo tenor el ICE paga periódicamente al arrendante una determinada suma de dinero. En este caso no reflejará en su balance de situación el valor del activo, pues no es suyo. En consecuencia, tampoco contemplará la depreciación. Sí reflejará en el estado de ganancias y pérdidas la totalidad de pagos por alquiler, más los gastos de mantenimiento y operación.
Una tercera posibilidad es suscribir un contrato de arrendamiento financiero, mediante el cual el ICE asume todos los riesgos de una planta, se compromete a comprar la producción y también la obra, por un precio determinado, inferior al de mercado, después de cierto tiempo. Como esta es una versión disfrazada del financiamiento de la obra con endeudamiento, su valor debe registrarse en los activos del ICE y la depreciación a lo largo de la vida útil reflejarse como parte de los costos de operación, que pasarán a formar parte de las tarifas a cobrar a los clientes del servicio de energía eléctrica. De nuevo, no podrá el ICE rebajar el componente de amortización de deuda, pues eso equivaldría a doble contabilización.
En los ejemplos hemos utilizado al ICE, pues recién salió a la luz pública un interesante diferendo entre diputados y las autoridades de la entidad estatal sobre si debe seguir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para registrar las operaciones de arrendamiento ( leasing ) de plantas hidroeléctricas como Garabito y Cariblanco, o si igual da utilizar cualquiera otro criterio. ( “Disputa por aclarar finanzas del ICE complica préstamo”, La Nación, 20/9/2017).
No hay duda de que en materia contable es necesario utilizar criterios con lógica económica e internamente coherentes. También es menester adoptar sistemas contables estándar, probados y ajustados a las mejores prácticas. El más utilizado en el mundo es el denominado NIIF.
El NIIF es un sistema contable con gran trasfondo económico y debe ser utilizado consistentemente por todas las empresas de mediano y gran tamaño, en particular las que suplen bienes y servicios públicos. No es aceptable que entidades como el ICE o, para el caso, Recope, utilicen sistemas contables ad hoc solo porque a cortísimo plazo reflejan una situación financiera más holgada.
Dada la enorme influencia que los registros contables tienen sobre las tarifas eléctricas, es necesario asegurar que en la contabilidad no operen la subjetividad, el oportunismo ni la doble contabilización.
También es preciso que los cargos por depreciación de las plantas tengan en cuenta la vida útil de los activos, y no menos, pues de otra manera se incurriría en inequidad intergeneracional.