El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) asumirá la publicación de la versión digital del diario oficial La Gaceta mientras dure la huelga de los empleados de la Imprenta Nacional, pero el Gobierno no descarta preservar el arreglo de manera permanente. La publicación estará a disposición de los usuarios en la plataforma de gobierno digital administrada por el ICE.
La huelga comenzó el 14 de noviembre, cuando los funcionarios abandonaron sus labores para exigir un aumento salarial retroactivo del 5%. La paralización del servicio convierte al país en rehén de la huelga, porque la publicación de leyes, decretos y otros documentos públicos es requisito para su vigencia. La publicación también es necesaria para dar efectos plenos a infinidad de actos de los particulares.
La huelga y sus consecuencias, así como la solución parcial hallada por el Gobierno, conducen a preguntar si Costa Rica debe mantener el anacronismo de imprimir unos pocos miles de ejemplares de La Gaceta cuando desde hace años existe Internet y el país pregona la intención de aprovecharlo, particularmente en el área del gobierno digital.
El manojo de ejemplares de La Gaceta impreso cada día tiene un costo inevitablemente alto, por falta de economías de escala. La producción en papel limita el espacio disponible y atrasa la entrada en vigencia de importantes disposiciones. El cinco de enero, en un editorial sobre el tema, ofrecimos el ejemplo del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. El convenio fue ratificado por la Asamblea Legislativa en el 2008 y dos años más tarde seguía en espera de publicación para convertirse en ley. El Gobierno no contaba con los ¢120 millones necesarios para pagar la impresión, y el país se vio obligado a incumplir compromisos internacionales de vital importancia para el comercio y la seguridad.
El desperdicio de tiempo y dinero es injustificable. Los medios electrónicos son al menos tan eficaces como el papel para informar a la ciudadanía sobre las leyes, decretos y otros actos de importancia en la gestión de la cosa pública y los negocios particulares.
La Asamblea Legislativa gasta ¢350 millones anuales para publicar textos en un diario de poquísima circulación, con el solo objetivo de cumplir un requisito de ley. Eso sin contar el gasto del Ejecutivo y los particulares. Al final, el espíritu de la ley queda insatisfecho, porque muy pocos se enteran por La Gaceta de los actos oficiales y de las actividades privadas con relevancia pública.
Pocos revisan La Gaceta a diario, y la gran mayoría depende de otros medios para informarse de los procesos legislativos y otros temas de importancia. La Gaceta circula casi exclusivamente en bufetes y despachos de Gobierno donde existen facilidades para consultar la edición electrónica. Es probable que el alcance del diario oficial sea mayor si a la edición electrónica, que existe desde hace tiempo, se le confieren efectos plenos y se le invierte lo necesario para hacerla fácil de utilizar. Con una inversión relativamente baja, La Gaceta electrónica podría ofrecer facilidades de búsqueda imposibles de lograr en el medio impreso y hasta podría hacerlo de gratis, llenando mejor el cometido de alcanzar a la mayor cantidad de costarricenses.
Semejante medio oficial no tendría las limitaciones de espacio que hoy atrasan la publicación de documentos importantes, como el convenio marítimo antes mencionado y el Tratado de Libre Comercio con China, cuya impresión exigió otros ¢120 millones. Los costos de una Gaceta exclusivamente digital serían mucho menores y su vulnerabilidad frente a acontecimientos como una huelga sería poca.
A principios del año, se anunció la existencia de un acuerdo entre el Congreso, el Consejo de Gobierno y la Imprenta Nacional para darle a la publicación digital de los proyectos y decretos un valor equivalente al de la versión impresa, con la precaución de conservar respaldos físicos para prevenir la inseguridad jurídica e informática. Iniciativas como esa deben ser puestas en práctica y extendidas con rapidez a otras materias para librar al país de un costoso anacronismo que en estos días demostró, una vez más, sus consecuencias negativas para el quehacer público y privado.