La captura de cuatro toneladas de cocaína en el lapso de unas seis horas estableció una nueva marca en la historia del narcotráfico en Costa Rica. Aparte de la cantidad de droga, el caso posee dos características dignas de ser destacadas: primero, el papel esencial del convenio de patrullaje conjunto firmado con Estados Unidos. Fueron barcos de ese país los artífices de la captura, prácticamente imposible para las modestas embarcaciones de la Policía nacional. El segundo hecho sobresaliente es la detención de once costarricenses acusados de participar en el enorme trasiego.
Justo un par de días antes de la captura, la Asamblea Legislativa había aprobado el permiso de ingreso de barcos norteamericanos a las aguas nacionales. La autorización fue solicitada por el entonces ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, el 26 de noviembre del año pasado. Nunca ha sido fácil lograrla, pese a los claros términos del convenio.
Zamora había pedido el permiso para el primer semestre de este año, pero el periodo prácticamente transcurrió sin un pronunciamiento del Congreso. Ya en las postrimerías del semestre, los diputados dieron su consentimiento. El 9 de junio, 42 legisladores votaron a favor de la autorización y la primera de las tres embarcaciones capturadas en el operativo histórico cayó al finalizar la noche del día siguiente. Las otras dos fueron detenidas en la madrugada del día 11, poco después de la primera intercepción. Hay, sin duda, una coincidencia, pero es imposible negarle el carácter revelador de la intensidad del narcotráfico por nuestro territorio.
También es significativa la captura de once costarricenses, al mando de naves de bandera nacional, dos de las cuales han recibido combustible subsidiado por el Estado para actividades pesqueras. El narcotráfico no es un problema ajeno ni la afectación a nuestro país se reduce al empleo del territorio como zona de tránsito y almacenamiento.
Una parte de la droga permanece siempre en los países por donde pasan los grandes cargamentos. Puede ser una porción residual de los embarques destinados a los grandes mercados consumidores, pero basta para satisfacer e incrementar la demanda local. A los narcotraficantes no les importa el punto de venta, sino la paga. Con frecuencia, recompensan los servicios de los transportistas y otros participantes en el trasiego con droga para ser transformada en efectivo en las calles de los países donde residen.
El poder corruptor del narcotráfico se manifiesta con fuerza en los países de tránsito y almacenamiento. México y Guatemala están entre las naciones que pueden dar testimonio. Penetrado el Estado por el narcotráfico, ninguna otra manifestación de la corrupción puede ser descartada.
El narcotráfico es un delito violento por naturaleza. Las venganzas, luchas por influencia, disputas territoriales y ajustes de cuentas son comunes. A menudo cobran vidas inocentes. No es preciso buscar ejemplos en el extranjero. La droga es una de las principales causas del homicidio en Costa Rica.
Por eso, la lucha contra el narcotráfico es un interés común de los Estados, como lo reconocen el derecho internacional, múltiples tratados vigentes en todo el planeta e infinidad de instrumentos y declaraciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, entre otros.
El patrullaje conjunto no es menos importante para nosotros que para los Estados Unidos y otros grandes mercados consumidores. Esa realidad no debemos perderla de vista. Ojalá la votación celebrada el 9 de junio en la Asamblea Legislativa sea augurio de una nueva comprensión del problema y de la necesidad de mantener el patrullaje conjunto.