Tras ocho años sin reunirse, los 33 países de nuestro hemisferio integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) participaron en una cumbre con sus pares de la Unión Europea (UE). Su propósito: ampliar y profundizar aún más la relación entre ambas regiones, ya intensa y cercana. Si bien su declaración final es un documento blando y poco específico, los proyectos discutidos y las decisiones anunciadas constituyen una buena base para dar mayor dinamismo a la coordinación política, los intercambios económicos y, en general, las prioridades nacionales e internacionales de las partes.
En una coyuntura internacional marcada por la invasión rusa a Ucrania, grandes tensiones geopolíticas, bajo crecimiento, nuevas modalidades de proteccionismo, pesos de la deuda pública, embates contra la democracia y desafíos globales de carácter existencial, como el cambio climático, es necesario potenciar el diverso acervo de valores e intereses comunes entre Europa y la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.
Se trata de una tarea con dimensiones regionales y nacionales, que no podrá avanzar al unísono, dadas las diferencias entre ambas regiones y, sobre todo, en el seno de la nuestra. Por ejemplo, la existencia de dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela conspira contra el apego hemisférico al Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Fue algo que se reflejó durante el encuentro, que tuvo lugar en Bruselas el 17 y 18 de este mes, y que, entre otras cosas, impidió un documento final más robusto. Los representantes nicaragüenses llegaron al extremo de negarse a firmar la declaración, por su referencia, de por sí tibia, a la situación ucraniana.
Además, la Celac es una organización poco funcional y sin adecuada estructura, por lo que las dimensiones regionales de las relaciones deberán canalizarse por otras vías.
Sin embargo, el sustrato de identidad entre las dos regiones es sólido, y ambas, en gran medida, se necesitan. Europa está interesada en los recursos naturales de Suramérica, en particular sus inmensas reservas de litio, cobre y otros minerales esenciales para impulsar las economías verdes. En esto compite en parte con Estados Unidos, pero, principalmente, con China. Además, desea un acceso más amplio a los mercados de nuestros países, y posee considerables recursos para financiar proyectos de cooperación y dar más dinamismo a sus inversiones privadas, ya muy robustas.
De ahí, entre otras cosas, su estimulante proyecto Global Gateway (o Portal Global) UE-ALC, que promete movilizar recursos por 45.000 millones de euros para el desarrollo sostenible, la transformación digital, las infraestructuras sanitarias y de otra índole, y la producción de energía. Será una forma de competir proactivamente con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, de China, focalizada principalmente en las inversiones en transporte. La promesa europea aún debe materializarse plenamente y, por supuesto, su ejecución tomará años, pero ya comenzó a andar y su potencial es enorme.
América Latina y el Caribe, sin duda, necesitan más cooperación e inversiones europeas, sea desde la UE como organización, o como resultado de dinámicas bilaterales. En ambos sentidos, la posibilidad de que, al fin, llegue a ratificarse el tratado de libre comercio con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) es esencial. Su lentitud ha respondido, esencialmente, a intereses proteccionistas enquistados en las dos partes del Atlántico.
Centroamérica ya tiene un acuerdo de asociación con la UE, que incluye componentes financieros, comerciales, políticos, laborales y ambientales. Sin embargo, sería conveniente revisarlo para modernizarlo y darle mayor ímpetu.
Su principal beneficiario en el Istmo ha sido Costa Rica. Esperamos no solo que continúe esta dinámica, sino que también seamos capaces de fortalecer nuestras credenciales democráticas, ambientales y de estricto respeto al Estado de derecho, tanto nacional como internacional. Este es un requisito indispensable para hacer aún más profunda nuestra relación con la UE. Los vínculos no solo deben ser transaccionales, sino también estructurales, a partir de principios, valores, intereses y normas comunes.