El país entero está de acuerdo en la justicia de no cobrar el impuesto sobre la renta a los fondos retirados de los regímenes complementarios de pensiones, pero el Gobierno jamás se pronunció al respecto. La razón se ha hecho aparente en los últimos días: la voracidad es tanta que el Ministerio de Hacienda es incapaz de renunciar aunque sea a una pequeña ganancia.
La Dirección General de Tributación Directa se tropezó con una disposición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aprobada en 1988, a cuyo tenor todos los regímenes de pensiones pagan ese tributo. La Ley de Protección al Trabajador, creadora de las pensiones complementarias, se aprobó 12 años después y, según todos los participantes en el trámite, siempre existió la intención de que el retiro de fondos, una vez cumplida la edad mínima, quedara exento del impuesto sobre la renta. Si Tributación Directa consiguió asidero legal para hacer el cobro, eso se debe a que la ley de 1988 no podía prever la creación de los regímenes complementarios 12 años más tarde y los diputados del año 2000 no tuvieron presente la necesidad de reformar la ley anterior o incorporar en la nueva una exención expresa. Todo se debe a una omisión, un simple error, si le creemos a los autores de la Ley de Protección al Trabajador.
Hacienda, por fin, ha dado muestras de comprender la injusticia –y el absurdo– de gravar los retiros de la jubilación complementaria. En consecuencia, accedió a las peticiones de las operadoras de pensiones para incluir una disposición a ese efecto en el Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria, pero, como “compensación”, exige eliminar el beneficio fiscal concedido a quienes cotizan hasta un 10% de su salario para engrosar los fondos de un plan voluntario de jubilación. Se impone hacer un par de preguntas. En primer lugar, ¿compensación por qué? El beneficio otorgado a quien ahorre hasta un 10% del salario siempre fue parte integral de la Ley de Protección al Trabajador y, como se dijo, nunca hubo intención de gravar el retiro de los fondos complementarios con el impuesto sobre la renta. Ahora, Hacienda ofrece respetar la exención que nunca debió dejar sin efecto a cambio de eliminar un beneficio que siempre existió.
Para subsanar la omisión cometida en el 2000, basta hacer una interpretación auténtica de la Ley de Protección al Trabajador y dejar todo como estaba o como siempre debió estar. Pero la administración de doña Laura Chinchilla no lo permitirá sin cobrarles a los futuros pensionados el peaje de enmendar la ley para eliminar un beneficio que existe, precisamente, para estimular la acumulación de fondos complementarios en un país donde los regímenes ordinarios no ofrecen seguridad económica a los jubilados.
De ahí la segunda pregunta: ¿Cómo llegó el Gobierno a la conclusión de que incentivar el ahorro de los futuros pensionados es mala política pública? Los legisladores del 2000 pensaron lo contrario y una administración vinculada a la realidad actual de las jubilaciones difícilmente podría estar en desacuerdo. Este Gobierno, sin embargo, parece vivir otra realidad: apoya disparatadas iniciativas para rebajar la edad de jubilación y se cruza de brazos mientras la Superintendencia de Pensiones ventila importantes dudas sobre el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Para rematar, se declara enemigo del incentivo otorgado a quienes hacen, por sí mismos, el esfuerzo de resolver el problema de su jubilación.
La Superintendencia de Pensiones no está de acuerdo con la eliminación del incentivo, como tampoco los miembros de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP). Hacienda pretende hacer el cambio mediante una moción al Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria, pero los términos de la propuesta son oscuros y, además, surge el temor de una interpretación que considere los aportes patronales como ingreso gravable del trabajador. Es el colmo, pero no sería de extrañar a partir de la conducta del Ministerio de Hacienda en esta administración.
Por añadidura, el futuro de la reforma fiscal es incierto ahora que la Sala IV admitió una acción de inconstitucionalidad en su contra. Es necesario solucionar el problema por otra vía, porque los trabajadores que alcanzan la edad de pensionarse en estos meses se están viendo perjudicados por la injusticia de pagar impuesto sobre la renta al retirar los ahorros acumulados con tanto sacrificio.
Los legisladores deben poner atención a las pretensiones de Hacienda. En la eliminación del incentivo se encierra una concepción equivocada de la función de los regímenes complementarios y el alcance de los ordinarios. La diputada liberacionista Alicia Fournier había sugerido resolver el problema mediante una interpretación auténtica para no “meterle ruido” a la reforma fiscal. El diputado Wálter Céspedes ya apadrinó una iniciativa en ese sentido, redactada nada menos que por la Superintendencia de Pensiones, una institución de inobjetable pericia en la materia. Con eso basta.