Gambia, la pequeña nación de África Occidental, de nuevo se encuentra agobiada por las cruentas profecías del dictador Yahya Jammeh. El excéntrico y escurridizo oficial militar ha reiterado su intención de ejecutar, “a mediados de setiembre”, a 47 prisioneros sobre quienes pesa sentencia de muerte.
Como señal de cumplimiento, según Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales, nueve de ellos ya fueron ejecutados, y los restantes aguardan la trágica hora en que Jammeh apetezca otra dosis de sangre. Los nombres de quienes ya murieron no son conocidos. En realidad, tampoco se ha podido precisar quiénes faltan ni mucho menos los delitos que cometieron. Todo es así con el gobernante absoluto de la extraña corte de los horrores en que Gambia se ha transformado.
La excolonia británica obtuvo la independencia en 1965 y alcanzó el grado de República de la Comunidad en 1970. Tras un somnoliento período de Gobiernos escogidos en comicios más o menos aceptables, en 1994 hubo un cuartelazo incruento liderado por un desconocido oficial, quien rápidamente afianzó sus tenazas sobre el débil aparato estatal. El nuevo mandatario, jefe del golpe, era Jammeh, cuya fama como fisiculturista y campeón de lucha libre lo precedió en su asalto al solio presidencial.
El advenimiento de este extraño personaje abrió años de zozobra que llegan a nuestros días. Entre los cambios que introdujo figuró la pena de muerte, que años más tarde se hizo obligatoria para los convictos de “traición”, categoría amplia e imprecisa que le ha permitido acomodar a quien le venga en gana. De igual manera, volcó su ira contra los homosexuales, a quienes declaró delincuentes.
Las andanzas reformistas del déspota han tenido como derrotero flexibilizar las leyes al punto de que las pueda interpretar a su entero capricho. La situación creada por el presidente perfilan un amplio horizonte de ilegalidad. En otro país, con mayor grado de institucionalidad, este panorama daría base para una intervención judicial y hasta política, mas no en Gambia, donde en la práctica ya impera un orden similar al de Idi Amín, peligroso para quienes osen comunicar opiniones adversas al gobernante o actúen, a su juicio, de manera sospechosa.
El drama de Gambia se ensaña con una reducida población, cercana a los 2 millones, y un territorio de 11.000 kilómetros cuadrados que conforman un fajo a lo largo de la frontera con Senegal. Su exigua economía está centrada en el cultivo y procesamiento del maní y un influjo hasta ahora estable de turistas europeos que acuden a sus parajes idílicos. Hay, también, una corriente importante de remesas financieras enviadas por nacionales de Gambia que laboran en el exterior.
Con este trasfondo, cabe preguntar por qué los gobiernos vecinos no han actuado para depurar el ambiente político y aliviar las angustias de la hermana población. Las organizaciones regionales y subregionales africanas, que se supone operan bajo el principio de la seguridad colectiva de los países miembros, no han pasado de los pronunciamientos y notas de preocupación.
Entre las razones que aducidas para la abulia de las organizaciones regionales, y no solo las africanas, está la sensibilidad de algunos Gobiernos que tampoco están libres de pecado. Otra fuente de apatía son los vínculos entre los Estados miembros. Así, el comercio, las particularidades étnicas, los lazos especiales entre gobernantes y hasta el desgano son posibles causales de la inacción. El fenómeno, en todo caso, no es privativo del continente africano. La trayectoria de la Organización de Estados Americanos (OEA) es parecida y hasta la Liga Árabe sufre hoy de ese síndrome.
Ante la inminencia de la acción anunciada por Yahya, la Unión Africana (UA) decidió solicitar al mandatario desistir. La petición de la UA fue alentada por las denuncias de organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional. Algunas de estas organizaciones recordaron que hasta 1995, un año después de la llegada al poder de Yahya, no hubo pena de muerte, la cual fue introducida por el mandatario ese año. Sin embargo, durante largo tiempo no se aplicó la pena capital, hasta ahora.
Consultado por la BBC británica, Jammeh respondió que sus adversarios podían “irse al infierno”. Asimismo, declaró que los prisioneros eran delincuentes y que no dejaría al 99% de la población indefensa ante ese 1% de criminales. Organismos que han pedido revisar las sentencias de los condenados, se quedaron sin respuesta.
El sufrimiento que gobernantes descarriados imponen a sus ciudadanos exige una acción más decidida de los organismos multilaterales, ya que los regionales por larguísimo tiempo han evadido esta responsabilidad primaria de su razón existencial.
Una que otra vez, en raras ocasiones, los foros regionales han adoptado una conducta más acorde con la gravedad de las tareas que se les ha encomendado. Pero la regla general ha sido una lamentable indecisión.
Hacemos votos por que la UA adopte una resolución que exija acciones más patentes de Yahya, conforme a un calendario, con fiscalización in situ y so pena de acciones punitivas si se negara o abstuviera de enmendar su conducta.