El 27 del pasado mes, apenas una semana después de haber asumido la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump llevó a un peligroso extremo su retórica amedrentadora y antimigratoria de campaña. Mediante decreto, prohibió por 90 días el ingreso a los ciudadanos de Siria, Irak, Yemen, Libia, Somalia, Sudán e Irán, países abrumadoramente musulmanes; por 120 días el de cualquier refugiado (ilimitadamente a los sirios), y redujo de 120.000 a 50.000 el número que el país aceptará cada año.
La medida dejó en evidencia la actitud arbitraria y desdeñosa de la nueva administración por derechos civiles fundamentales; perjudicó de inmediato a centenares de personas de esas nacionalidades, a quienes sorprendió en pleno vuelo, frustró momentáneamente su ingreso a territorio estadounidense, y desató una justificada ola de protestas alrededor del mundo, en particular los países incluidos en la lista. Pero también generó una acción inmediata y ejemplar del Poder Judicial, que no vaciló en asumir su papel como garante de la legalidad.
En cuestión de horas, varios jueces frenaron posibles deportaciones y ordenaron la admisión a Estados Unidos de quienes, aunque fueran ciudadanos de los siete países vedados, habían viajado legalmente. El 3 de febrero, James Robart, juez federal en Seattle, estado de Washington, propinó un golpe aún mayor a la orden de Trump, al determinar que no existía evidencia alguna para argumentar que la prohibición protegería la seguridad nacional frente a posibles terroristas de esos países. De este modo, su aplicación debió ser suspendida de inmediato.
Desde su púlpito tuitero, Trump criticó acremente al “supuesto juez”, y el Ejecutivo cuestionó su decisión ante un tribunal de apelaciones en San Francisco. Seis días después, los tres jueces de esta instancia respaldaron unánimemente la resolución de Robart y mantuvieron el congelamiento de la decisión ejecutiva hasta que se determine su legalidad (o falta de ella) en un juicio sustantivo. “Nos vemos en la Corte”, fue la respuesta presidencial, también por tuit. Sin embargo, muy pronto los abogados de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia desistieron de seguir adelante con el caso. En su lugar, han sido anunciadas nuevas disposiciones migratorias, supuestamente enmarcadas en adecuados parámetros de constitucionalidad y legalidad.
Esta fue la primera gran derrota político-jurídica de la nueva administración y reveló, entre otras cosas, la forma atropellada, descuidada y arbitraria en que fue concebido y redactado el decreto antimigratorio. Pero más importante aún fue que las decisiones emanadas de los tribunales y acatadas sin demora por las autoridades políticas y policiales, evidenciaron, con resultados prácticos, la eficacia de la separación de poderes y de los pesos y contrapesos que caracterizan a las verdaderas democracias.
Estamos ante un caso paradigmático de limitación a la autoridad presidencial cuando pretenda saltar sobre barreras de constitucionalidad; de ejercicio de la autonomía institucional en defensa de garantías individuales, y de reafirmación de un Estado de derecho sin el cual la convivencia democrática puede quedar vaciada de contenido.
La democracia, nos recuerda este caso, está asentada en la fuerza y legitimidad del voto; pero el mandato que emana de las urnas no otorga a las autoridades electas un foro de competencia extralegal. Al contrario, la democracia implica también igualdad y sometimiento ante la ley, independencia de jurisdicciones, rendimiento de cuentas y garantías a un conjunto de derechos basados en principios universales y garantizados por la Constitución.
Nada de lo anterior otorga seguridad de que el gobierno de Trump se abstendrá de impulsar iniciativas de similar calado. Probablemente vendrán más, en migración y otros temas. Pero lo que sí garantiza es que serán sometidas al escrutinio de las instituciones republicanas creadas y nutridas, precisamente, para frenar la arbitrariedad y corregir los excesos. La República estadounidense aún goza de buena salud.