El gobierno envió a la Asamblea legislativa un proyecto de ley para limitar las anualidades concedidas a los empleados públicos. La iniciativa define un tope de 2,54% para todas las instituciones del Estado, desde la administración central, donde el beneficio es del 1,94%, pasando por la Universidad de Costa Rica, cuyos funcionarios obtienen el 5,5%, hasta llegar a los casos extremos, del 7%.
Es difícil precisar cuánto se moderará el gasto público si el plan logra la aprobación de los diputados, porque todo depende del rigor ejercido a la hora de aplicar un segundo aspecto de la reforma, quizá más importante que el tope. Las anualidades solo les serán concedidas a los funcionarios calificados como “muy buenos”, pero la importancia del cambio depende de la creación de un verdadero sistema de evaluación del desempeño para sustituir la falta de seriedad de las calificaciones en vigor.
En la actualidad, todo empleado público tiene derecho a recibir el incentivo si se le califica de “bueno” y prácticamente ninguno deja de lograrlo. Entre el 2007 y el 2012, periodo estudiado por la Dirección General de Servicio Civil, el 99% de los funcionarios obtuvieron la calificación de “buenos” y, con ella, las anualidades.
Elevar la barrera a “muy bueno” servirá de poco si las calificaciones se reparten con la misma laxitud. La ley debe establecer con claridad los criterios de evaluación para no terminar, de la noche a la mañana, con un Estado lleno de empleados “muy buenos”.
La seriedad de las evaluaciones solo será confiable cuando el financiamiento de las anualidades sea limitado y obligue a escoger a los receptores del beneficio. Si sucede al revés y la cantidad de beneficiados determina el monto presupuestado para pagar anualidades, pronto tendremos un 99% de funcionarios “muy buenos” o “excelentes” si los diputados crean la categoría sin establecer los límites adecuados.
No hay otra forma de incentivar a las jerarquías para asumir la responsabilidad de distinguir y premiar según el desempeño. Aparte del ahorro, un sistema de esta naturaleza ayudaría a mejorar los servicios públicos y devolvería al incentivo su función verdadera. Un aumento automático, como las anualidades vigentes, no cumple esos objetivos.
El diputado oficialista Ottón Solís defiende el recorte del rubro presupuestario denominado “retribución por años de servicio” y también la factibilidad de hacerlo sin necesidad de aprobar una nueva ley. La reforma consistiría en achicar la olla disponible para financiar el beneficio. La medida tendría un efecto inmediato, nada despreciable en el marco de la crisis fiscal, y adelantaría la vigencia de un elemento esencial de la reforma.
La evaluación del desempeño es un punto medular de los esfuerzos desplegados por la diputada liberacionista Sandra Piszk desde que se desempeñaba como ministra de Trabajo. La legisladora combate la confusión entre derechos adquiridos y expectativas de derecho. Las anualidades obtenidas hasta ahora son derechos adquiridos, pero las futuras son una expectativa de derecho, cuya concreción depende de la evaluación de la labor realizada. Esa expectativa de derecho, es preciso señalarlo en consonancia con Solís, no obliga a disponer para el incentivo una partida presupuestaria excesiva.
Piszk tiene planteado un proyecto para reformar las anualidades, pero también procura un cambio más profundo. Abarca otros beneficios cuya incidencia sobre las finanzas del Estado es cada vez más difícil de absorber. Incluye aspectos como la dedicación exclusiva, fuente de muchos abusos, y la necesaria limitación de las ventajas desproporcionadas de las convenciones colectivas. Esa es la ley necesaria, pero, si el planteamiento del gobierno logra constituirse en punto de encuentro, valdrá la pena apoyarlo como un buen primer paso.