El país no cuenta con los recursos necesarios para desarrollar obra pública y remediar el fuerte rezago de su infraestructura. Es imposible lograrlo en el marco de una situación fiscal difícil, a cuyo tenor los presupuestos son abultados en lo tocante a la atención de la deuda y exiguos en materia de inversiones.
Si de los recursos del Estado depende el desarrollo, no hay esperanza. Pero Costa Rica no puede renunciar a la competitividad concedida por la infraestructura adecuada. Tampoco debe hacer a un lado las mejoras en calidad de vida de millones de personas atrapadas en congestionamientos viales u obligadas a consumir servicios deficientes.
Es necesario encontrar los recursos en otra parte y para eso existen diversas formas de estructurar alianzas con el sector privado. La concesión de obra pública es una de ellas. Cayó en desgracia, pese a los casos de éxito, merced a una serie de sonados traspiés. También fue víctima de la demagogia y la absurda aspiración de conseguir ventajas baratas o, en el mejor caso, gratis.
Los peajes de la carretera a San Ramón son un ejemplo idóneo. Giselle Alfaro, viceministra de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) lamentó, en octubre, la cancelación de la concesión de la carretera y el tiempo perdido porque, a fin de cuentas, los peajes tendrán un costo parecido. La alta funcionaria del gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) tuvo la honradez de reconocer la interferencia de las pasiones políticas en la toma de decisiones importantes, que deberían ser técnicas.
El caso llama a la reflexión porque el costoso cambio de planes se hizo con la idea de ejecutar la obra mediante un fideicomiso. Así resultaría mucho más barata y los peajes saldrían casi regalados. Cada día se hace más evidente que ese no será el resultado. Los fideicomisos no son un sustituto mágico para la concesión de obra pública, sino un instrumento más, con ventajas y desventajas según el proyecto concreto.
Los fideicomisos empleados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) también han sido objeto de debate. La institución los impulsó para sobreponerse a sus limitaciones de endeudamiento, pero han sido criticados por atrasos, pérdidas y por sus efectos sobre las tarifas eléctricas, dadas las tasas de interés y la amortización acelerada debido a los plazos. Además, como los fideicomisos se hacen fuera del balance financiero de la institución y son entidades aparte, con patrimonio propio, el pasivo se refleja en su contabilidad y no en la del ICE, lo cual despierta inquietudes sobre el control de las obligaciones asumidas.
No todas las concesiones de obra pública se han hecho de la mejor forma, pero lo mismo puede decirse de los fideicomisos, cuyos traspiés también son costosos. La contralora general de la República, Marta Acosta, compareció ante los integrantes de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para develar los costos “ocultos” de los fideicomisos.
Los fiduciarios, por lo general un banco, reciben fondos y bienes cuya administración debe servir para alcanzar determinados objetivos. Los fondos pueden provenir de un préstamo internacional, como es el caso del fideicomiso para la educación, o de inversionistas privados mediante la titularización.
Pero la contralora señala que el pago de comisiones de administración es desordenado y, a menudo, el dinero disponible no se utiliza con eficacia. Además, hay casos donde los fiduciarios cobran comisiones aunque no ejercen una verdadera labor de administración. En consecuencia, “se recurre a una ficción… y en medio hay un montón de comisiones, gastos de fiscalización y otros que incrementan los costos”, dice el diputado oficialista Ottón Solís.
Para la contralora, es preciso mejorar la eficacia y transparencia de los fideicomisos empleados para desarrollar obra pública. También la figura de la concesión ha sido objeto de reformas y ajustes. Ninguna debe primar, a priori, sobre la otra y sobre las demás formas de cimentar alianzas público-privadas. Cada instrumento tiene su lugar y bien empleados pueden rendir frutos que de otra forma el país no cosechará.