En Tejarcillos de Alajuelita la gente paga por protección. No paga guardas para evitar la criminalidad. Paga, más bien, a los criminales para no contarse entre sus víctimas. La extorsión tiene un tarifario según la actividad de que se trate. Si la intención de la víctima es simplemente vivir en la tranquilidad de su casa, debe cancelar ¢1.000 diarios. La licencia para operar un taxi informal sin ser asaltado cuesta ¢2.000 y los propietarios de negocios pagan ¢20.000 por la “patente”.
Es una nueva modalidad de delincuencia, cuyos efectos son tan perniciosos que no es posible dar la menor tregua. Una vez enraizada en la sociedad costarricense, la extorsión a gran escala será difícil de erradicar. Crecerá hasta abarcar más territorio y alcanzar a gran parte de la población. Nuestras fuerzas policiales tuvieron éxito frente al secuestro. Los casos disminuyeron aceleradamente desde los días de su apogeo. Ahora, es preciso poner atención a la nueva amenaza, que ya ha hecho correr sangre.
El taxista informal Randall Roberto Fernández Marín, de 44 años, falleció el sábado en el Hospital San Juan de Dios. Varios pistoleros le dispararon al menos 15 veces desde un vehículo en movimiento, a plena luz del día. Fernández se había rehusado a pagar el “peaje” exigido por los extorsionistas y los denunció ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) una semana antes de morir. También incitó a otros taxistas de la zona a acudir a las autoridades.
La violencia del ataque demuestra una clara comprensión de los delincuentes sobre la necesidad de infundir temor, no con las palabras, sino con hechos. Una clienta de Fernández, de 22 años, sufrió heridas en el abdomen, el tórax y los brazos. La alcanzaron seis proyectiles. Un adolescente de 16 años estaba a la entrada de su casa cuando se desató la balacera y sufrió un balazo en un codo.
Los atacantes no escatimaron balas ni se apiadaron de los transeúntes. La Policía tiene informes sobre el uso del vehículo como medio para ejecutar las extorsiones en la zona, que se presentan desde hace unos dos años. “Están copiando modelos de bandas de otros países centroamericanos, los cuales cobran peajes a los trabajadores honrados para obtener dinero y comprar armas, entre otras cosas”, explicó un jefe policial.
El fenómeno se extiende con rapidez. Hace un par de semanas, la Fuerza Pública de Alajuelita aprehendió a tres hombres, todos menores de 30 años, como sospechosos de extorsiones contra ocho denunciantes. Gerald Campos, subdirector del OIJ, confirmó que, en menos de un mes, ocho taxistas informales denunciaron extorsiones, entre ellos Fernández.
Las bandas dedicadas a la extorsión están bien organizadas, con jerarquía y división de labores. Unos se encargan de amenazar y otros, de cobrar, dijo un jefe policial, para quien el homicidio del taxista es una demostración de poderío y de la seriedad de las amenazas utilizadas para obligar a las víctimas a entregar su dinero.
Precisamente por eso, la Policía reconoce las dificultades planteadas para la investigación del delito. Las víctimas están atemorizadas y es difícil encontrar testigos dispuestos a rendir declaración. Las denuncias son difíciles de comprobar. A menudo, las víctimas plantean la denuncia mucho después de iniciada la extorsión. “Eso nos da un menor tiempo de reacción, porque ya han pasado muchas cosas y corren más peligro”, afirma el subdirector del OIJ.
Pero en el caso del taxista hay un homicidio y dos heridos. Su esclarecimiento puede conducir a la desarticulación de la banda y es preciso darle altísima prioridad. La Fuerza Pública, por su parte, prometió incrementar su presencia en la zona, noche y día, para prevenir la acción de los grupos de extorsionadores. Ningún esfuerzo sobra para devolver a los vecinos su derecho a vivir en paz.