En todo el sistema educativo estatal solo hay cuatro docentes con desempeño “inaceptable”. La labor de otros 18 fue juzgada como “insuficiente”. Hay 1.308 “buenos” educadores y 1.349 “muy buenos”. Los 60.750 restantes son “excelentes” y solo los primeros 22 perdieron el disfrute de las anualidades de 1,94% sobre el salario base.
El dato suscita interrogantes de importancia. Para comenzar, apenas alcanzamos a sospechar el horrendo desempeño de los calificados como “inaceptables”. Se les cuenta con los dedos de la mano entre un ejército de 63.429 educadores. Sus alumnos merecen mejores maestros y el Estado tiene la obligación de proveérselos.
El daño causado a los educandos exige una corrección inmediata, pero la ley no la permite. La mala calificación debe repetirse al año siguiente para motivar la apertura de un proceso disciplinario que no garantiza el despido, pero lo hace posible. El daño causado en dos años consecutivos, o muchos más si el mal desempeño es intermitente, es pura mala suerte de los alumnos.
Pero si solo cuatro de 63.429 educadores resultaron “inaceptables”, hay motivos para sospechar deficiencias en el sistema de calificación. Entonces, no podemos dejar de dudar de los 2.657 “buenos” y “muy buenos”. ¿Serán, en realidad, “insuficientes” o hasta “inaceptables”? La duda se extiende al ejército de “excelentes”, en cuyas filas seguramente hay muchos merecedores de esa calificación, pero no tantos.
Ahora bien, si los “excelentes” realmente lo fueran, no habría manera de explicar el pobre desempeño de los estudiantes costarricenses en las pruebas locales e internacionales. Factores ajenos a los docentes siempre ejercerían su influencia, pero los promedios serían muy superiores.
Cuando el Ministerio de Educación acepta la calificación de excelente para el 99,94% de los docentes, también está otorgándole altísimas notas al sistema. De lo contrario, las frecuentes reivindicaciones del papel del educador no tendrían fundamento y la calidad de la enseñanza pública estaría determinada por otros factores. Sabemos que no es así. La mala infraestructura, la pobreza, la cantidad de lecciones y otros elementos afectan la formación de los estudiantes, pero los educadores excelentes logran resultados a pesar de las limitaciones. No habría otra forma de determinar su excelencia.
El sistema no es excelente y eso pone en duda la calificación otorgada a tantísimos educadores. Pero la necesidad de ampliar el grupo de los “inaceptables” e “insuficientes” la confirman fuentes insospechadas: los sindicatos de educadores. Una y otra vez, claman por un estricto control de las “universidades de garaje” y exigen “cerrarles el negocio” de formación de docentes.
Solo 15 de 259 carreras universitarias ofrecidas a los aspirantes a educadores cuentan con aprobación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Buena parte del cuerpo docente del MEP se graduó de universidades no acreditadas. Para nadie es secreto. Leonardo Garnier, exministro de Educación, todavía ejercía el cargo cuando calificó de “patética” la formación ofrecida en muchos de esos centros de enseñanza superior. ¿Cómo hicieron tantos graduados para transformar una formación “patética” en un desempeño “excelente”?
Pero la pregunta más obvia suscitada por la evaluación del desempeño de los maestros poco tiene que ver con la educación y mucho con nuestro distorsionado régimen de empleo público: ¿Por qué y hasta cuándo mantendremos la pantomima de las evaluaciones para justificar el pago anual automático de beneficios que a nadie incentivan precisamente porque es casi imposible perdérselos?