La ausencia de una vía de 2,8 kilómetros, insignificante en el marco de la extensa aunque deteriorada red nacional, pone en peligro la operación de un megapuerto capaz de generar enormes beneficios, construido tras una ardua lucha al costo de ¢1.000 millones. La obra vial requeriría una pequeña fracción de ese monto.
La carretera Sandoval-Moín uniría la autopista a Limón, ruta 32, con la terminal de contenedores construida por APM Terminals, apta para atender enormes buques panamax con capacidad para transportar 8.500 contenedores. El puerto podría comenzar a operar en enero del 2018, pero si el proceso de construcción de la vía no se inicia en mayo del 2016, la posibilidad de terminarla a tiempo está en duda. La primera fase de la terminal tiene un 40% de avance.
El problema parece pequeño en relación con la magnitud del puerto, sus beneficios y las consecuencias de incumplir el compromiso adquirido al momento de firmar el contrato con la firma holandesa, el 13 de febrero del 2012. Si la terminal se ve imposibilitada de funcionar por falta de carretera, la empresa tendría derecho a exigir una indemnización y el comercio internacional se vería afectado en $20 por contenedor importado o exportado. Se perderían, también, los ingresos por el tráfico portuario.
Pero el problema no es pequeño porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) simplemente no cuenta con los fondos necesarios para hacer la obra. Todavía no ha definido la fuente de financiamiento y mucho menos tiene clara la empresa constructora. Nuestro alambicado proceso de contratación pública no es escaso en sorpresas y siempre se justifica el recelo frente a las complicaciones posibles y su efecto sobre la oportuna ejecución de las obras.
El MOPT intentó contratar la construcción con la propia APM Terminals. La empresa se mostró anuente y planteó una oferta, pero no hubo acuerdo sobre costos y plazos para cancelar el préstamo. Las partes no quisieron revelar detalles del frustrado convenio. Las razones son comprensibles: la información afectaría las condiciones de futuras ofertas. Si la propuesta de APM no satisface, es urgente encontrar una alternativa para el financiamiento y la construcción.
El presidente, Luis Guillermo Solís, comprendió, desde el inicio, la importancia del megapuerto y lo defendió con determinación y valentía, como lo había hecho su predecesora, Laura Chinchilla. Las dubitaciones de último momento sobre la construcción de la carretera demandan una nueva intervención presidencial. No es posible que por tan poco se pierda tanto.
Giselle Alfaro, viceministra de infraestructura, admitió la existencia de un marco temporal “ajustado”, pero dijo confiar en el cumplimiento del Estado. No es suficiente. La solución definitiva urge y son muchos los ejemplos de incumplimiento pese a los pronósticos optimistas de funcionarios bien intencionados. Cabe preguntar por qué estamos en un marco tan “ajustado” si el contrato existe desde el 2012 y las obras de la primera etapa están listas en un 40%, con todo y la creación de grandes islas en el mar.
Los exportadores manifiestan inquietud por el lento avance de los trámites para ejecutar la obra. Ronald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, dice haber insistido desde mediados de año sobre el atraso y la necesidad de remediarlo. Jiménez señala el contrasentido de construir un puerto de “primer mundo” y dejarlo totalmente aislado. Laura Bonilla, de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, se declara satisfecha con el avance del puerto y manifiesta preocupación porque no ve “que camine nada la construcción de la carretera de acceso al nuevo muelle”.
Más allá de las posibles indemnizaciones y otras pérdidas materiales, las autoridades deben poner empeño en la construcción de la vía para evitar el soberano ridículo internacional de lograr semejante obra de infraestructura y desaprovecharla, aunque sea por tiempo limitado, por falta de 2,8 kilómetros de carretera.