Costa Rica está siendo saqueada y el despojo se ejecuta, con asombrosa impunidad, en muchos despachos de médicos, abogados, odontólogos, arquitectos y otros profesionales liberales, es decir, los que prestan servicios sin relación de dependencia con sus clientes. En promedio, esta categoría de contribuyentes individuales pagó ¢17.000 por mes en el transcurso del 2009.
La magnitud de la evasión se hace obvia cuando se compara con la contribución de los asalariados, quienes tienen a disposición menos medios para evitar el pago. Quienes figuran en planilla con sueldos de ¢1.000.000 pagaron ¢41.650 por mes, bastante más del doble de la contribución de profesionales cuyos ingresos son, por lo general, muy superiores.
La disparidad apunta a una de las grandes injusticias de nuestro sistema tributario, cuya holgazanería se manifiesta en la explotación de la cantera más fácil. Entre las personas físicas, los asalariados llevan el peso de la manutención del Estado y son los primeros blancos de los intentos de reforma tributaria. Sus ingresos son fáciles de estimar y sus contribuciones son retenidas por las empresas, con lo cual también son fáciles de cobrar.
No se salvan, tampoco, del pago de esas otras contribuciones que algunos se empeñan en considerar ajenas a la carga tributaria, como son las cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social, para citar un ejemplo. No hace mucho, vimos el ejemplo de un empresario del transporte cuyas contribuciones a la Caja se basan en un salario de ¢200.000, inferior al mínimo pagado a los choferes de su empresa.
La estadística más reciente es reveladora, pero no hay novedad en el conocimiento de la injusticia. La Contraloría General de la República ya la había señalado en el 2007 y antes de esa fecha, era un secreto a voces. En el 2006, el 64,4% de los médicos, odontólogos, ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, auditores, informáticos y veterinarios no declararon ingresos imponibles. Solo una tercera parte de esos profesionales declararon y de ellos, el 94% pagó, en promedio, ¢25.684, ¡por todo el año!
La Dirección General de Tributación Directa asegura que la situación viene mejorando como producto de nuevos programas de fiscalización, incluyendo el “control preventivo”, consistente en informar al contribuyente de los datos que sobre él constan en los despachos de la Hacienda Pública. Los números, pese a la mejoría, se mantienen en niveles inaceptables y los evasores disfrutan un indignante pase libre a los servicios del Estado por cuenta de los trabajadores asalariados y otras categorías de contribuyentes.
La injusticia es un fuerte argumento a favor del establecimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuyos efectos benéficos para el control y la fiscalización están bien demostrados en Europa y otras latitudes. La Asamblea Legislativa tiene en sus manos la posibilidad de fortalecer por ese medio los esfuerzos de Tributación Directa, pero solo si la modificación carece de excepciones hechas con fines demagógicos o de satisfacción de intereses sectoriales. Los pocos casos dignos de consideración especial pueden resolverse mediante tarifas más favorables, pero ningún sector debe quedar fuera del sistema para no interrumpir la cadena de control.
El Ejecutivo tiene la misma posibilidad, pero la inclusión del IVA en proyectos tributarios más generales y polémicos puede condenarlo al fracaso, hundiéndolo en la discusión de temas apenas relacionados. Si la estructura tributaria costarricense está necesitada de ajustes, nada impide hacerlos por separado para que cada iniciativa pueda ser valorada con detenimiento y en atención a sus propios méritos.
Las ridículas cotizaciones de tantos profesionales liberales exigen respuesta de la administración tributaria, pero también de los legisladores.