Las leyes no se reforman por decreto ejecutivo. Es un principio elemental derivado de la jerarquización de las normas, pero la Caja Costarricense de Seguro Social insiste en que el artículo 12 de la ley de incentivos médicos, a cuyo amparo los salarios de los profesionales en salud aumentan cuando se les concede un alza a los empleados del Gobierno Central, dejó de regir a partir del decreto emitido con ese propósito en enero del 2015.
La institución celebra el acuerdo fraguado con los sindicatos médicos antes de emitir el decreto. El misterio es por qué tanto consenso no se aplicó al reformar la ley con intervención de la Asamblea Legislativa. La clave para desentrañar el acertijo la ofreció, casi inmediatamente, Mario Boschini, secretario de conflictos del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja. No obstante las declaraciones del gobierno, Boschini reconoció la subsistencia del “enganche médico” y justificó su permanencia en la ley por si en algún momento hay un ajuste “desmedido” en el sector público y el sindicato necesita exigir una diferenciación basada en las responsabilidades de la profesión médica.
Así se explica la participación del sindicato en el “consenso” promovido por el gobierno para no cambiar absolutamente nada. Los sindicalistas saben el verdadero valor del decreto y nada perdían al consentir su emisión. Por eso no están de acuerdo en reformar la ley para que diga lo mismo. Si el decreto establece el desenganche, no hay problema. Si lo hace la ley, la reforma va en serio.
La ley de enganche, como se le conoce al perverso mecanismo establecido para poner fin a la huelga médica de 1982, es responsable de los desproporcionados salarios pagados no solo a los médicos, sino a otros profesionales de la salud. Pero sus efectos no solo se hacen sentir en el presupuesto de la Caja, también se proyectan como odiosa injusticia sobre la política salarial del Estado. Ninguna administración puede mejorar los salarios de los empleados públicos peor pagados sin temer las repercusiones del aumento en el sector salud. Aumentarle un 5% a un guardia civil implica una erogación mucho menor que aplicar el mismo porcentaje al salario de un médico.
En el 2009, el Ejecutivo concedió un alza salarial del 10,47% a unos 5.000 funcionarios del Gobierno Central para recuperar el grave rezago de sus compensaciones, luego de un aumento inicial del 1,21%. De inmediato, el 11,68% se les aplicó a los médicos y la planilla de la Caja subió un 30%. Para pagar el alza, la institución debió echar mano a unos ¢100.000 millones adicionales y en poco tiempo el país tuvo noticia de su grave crisis financiera.
La prueba de la eficacia del decreto se dará apenas haya un aumento salarial suficientemente atractivo en el Gobierno Central. Los sindicatos hoy participantes en el fácil “consenso” plantearán sus reclamos a tenor de la ley y será demasiado tarde para evitarle otra crisis a la institución. En cambio, no será difícil identificar a los responsables.
La Asamblea Legislativa debe adelantarse a reformar la ley. La conveniencia de hacerlo ya está plasmada en el decreto. Su texto demuestra la comprensión de los excesos por los participantes del “consenso”. Es hora de asegurar el cambio o, cuando menos, poner a prueba la sinceridad del “consenso” con el fin de no lamentar su ruptura en un momento de mayor peligro para una de las instituciones más importantes del país.
Es indispensable, además, revisar el sistema de compensación aplicado en la Caja, no solo en el caso del personal médico, sino también en otros, donde los pluses salariales crean cargas incosteables, como han dejado en claro nuestros reportajes de fecha reciente.