El zika y sus graves consecuencias sanitarias ponen a prueba la capacidad de respuesta de la sociedad costarricense y, hasta ahora, los resultados están lejos de ser satisfactorios. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ofreció a las 31 municipalidades más afectadas trabajar en equipo para recolectar las llantas desechadas, uno de los principales criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad, pero solo un cantón respondió al llamado diciendo que valoraría la posibilidad.
Si el ICT no logró la respuesta deseada de las autoridades municipales, no debe extrañarse, porque las empresas turísticas ubicadas en los cantones costeros tampoco se han mostrado inclinadas a colaborar, según Tobías Murillo, alcalde de Garabito. Ese cantón es al mismo tiempo el más castigado y el mejor dispuesto a combatir el contagio desde el gobierno local. La municipalidad creó un equipo especializado y Murillo dice tener en la enfermedad su más alta prioridad.
Pero las autoridades del Ministerio de Salud no se declaran satisfechas ni siquiera en el caso de Garabito. Este año, el cantón recogió 138 toneladas de basura no tradicional, como lavadoras, refrigeradores y cocinas desechadas sin ningún cuidado. Los funcionarios de Salud reconocen el esfuerzo, pero querrían verlo sistematizado para que las recolección de ese tipo de basura se haga regularmente y no a manera de esfuerzos esporádicos. Por otra parte, la cantidad de desechos recogidos demuestra la falta de compromiso de la comunidad con las acciones necesarias para controlar la reproducción del mosquito Aedes aegypti.
La respuesta pausada y en algunos casos indiferente de municipalidades, comunidades y empresarios se suma a la escasa importancia concedida al problema por las autoridades políticas, en particular la Asamblea Legislativa. La insistencia periódica de los encargados del Ministerio de Salud sobre la necesidad de actualizar y fortalecer las normas de inspección y multas no ha tenido eco.
La última oleada de peticiones al Congreso se produjo en enero, cuando las autoridades sanitarias revelaron su temor al surgimiento de brotes de dengue, chikunguña y zika. A estas alturas, las víctimas del dengue rondan los 16.000 casos, la chikunguña se acerca a los 2.000 y el zika supera los 1.000, incluidas más de 30 mujeres embarazadas cuyos casos son monitoreados de cerca por los efectos del virus sobre el feto.
Los llamados a la prevención, como ha sido la experiencia en otras oportunidades, dieron pocos resultados. Las comunidades y las autoridades locales por lo general se movilizan cuando la situación se torna grave, suscita temor, afecta la salud y amenaza la actividad económica. La naturaleza del contagio, por otra parte, ni siquiera exige la desidia generalizada. Bastan unos cuantos vecinos indiferentes para proveer al mosquito el ambiente necesario para su reproducción. Es preciso dotar a las autoridades de los mecanismos necesarios para lidiar con esos casos e imponer las medidas preventivas.
El proyecto de ley por cuya aprobación claman los encargados de combatir al mosquito y su trío de enfermedades está en la corriente legislativa desde hace casi dos años, inexplicablemente inactivo. Establece multas y permite adoptar otras acciones no contempladas en la actualidad.
Los diputados deben hacer su parte, así como las comunidades, los gobiernos locales, los empresarios y las instituciones rectoras de actividades relacionadas con el problema o potencialmente afectadas, como el turismo. Solo el esfuerzo conjunto puede controlar la emergencia antes de que sus consecuencias sean mucho más graves.