El Ministerio de Salud echó a andar un complejo mecanismo para el reclutamiento de médicos especialistas en siete disciplinas afectadas por una recurrente escasez. La Comisión de Especialistas coordinada por el Colegio de Médicos niega la necesidad de declarar la inopia, pero admite las dificultades encaradas por la Caja Costarricense de Seguro Social para llenar las plazas en zonas rurales. Si ese fuera el caso, hay especialistas, pero no donde se necesitan.
La Comisión, integrada además por la Caja, el Ministerio y los sindicatos médicos exige explorar la posibilidad de reclutar a médicos pensionados, contratar a otros por servicios profesionales, extender los horarios a los profesionales de planta en los hospitales y atraer a médicos que no laboran para la institución. Si agotados esos medios el fin no se logra, la Caja podrá contratar especialistas en el extranjero.
Todos los requisitos favorecen al cuerpo médico existente, sea por las jornadas extraordinarias o simplemente por la prioridad en la contratación. En nada contribuyen al objetivo de abrir un segundo turno para brindar mejor servicio a los asegurados aprovechando los recursos actualmente invertidos en el pago de horas extraordinarias. Tampoco abren posibilidades a los médicos jóvenes de desarrollar su vocación en alguna especialidad.
Así será mientras los organismos gremiales de los médicos tengan una voz determinante en la formación y contratación de especialistas. Los interesados controlan el mercado y como en tantas otras actividades profesionales y comerciales en Costa Rica, los gremios dictan importantes aspectos de la política pública.
A nadie parece ocurrírsele dejar a los pensionados disfrutar su jubilación, permitir a los no contratados por la Caja seguir adelante con sus actividades privadas, respetar la jornada normal de trabajo sin tantas erogaciones por horas adicionales y renunciar a la contratación por el régimen de servicios profesionales, que implica menos compromiso y estabilidad, para abrir las puertas a la formación de nuevos especialistas cuya graduación tornará para siempre innecesaria la importación de médicos.
El país no regula el número de abogados, sociólogos o ingenieros, pero pone en manos de los médicos las decisiones sobre el abastecimiento de las necesidades nacionales en su profesión. No hay motivo, salvo el interés de los propios médicos agremiados. Los especialistas son necesarios aunque la Comisión diga lo contrario. En otro caso habría sido imposible la declaratoria de escasez hecha por el Ministerio de Salud.
Todavía harían falta más especialistas si la Caja adoptara la recomendación de la comisión de expertos nombrada por la presidenta Laura Chinchilla para estudiar la crisis financiera de la institución. Pablo Sauma, economista, exdirectivo de la Caja y miembro de la comisión destacó, entre las propuestas claves del grupo, la creación de un segundo turno de atención, de 4 a 10 p. m., pagado con salario normal, en vez del gasto en horas extras. “Esa idea es la que más oposición genera”, declaró Sauma sin darse por sorprendido.
El segundo turno ayudaría a reducir las listas de espera, mejoraría la disponibilidad de servicios y le abriría espacio a nuevos especialistas, cuya formación las universidades del país están en capacidad de ejecutar. El límite debe ser la aptitud académica de los jóvenes aspirantes y su vocación por determinada rama de la medicina. El argumento condescendiente de fingida preocupación por un futuro exceso de especialistas no tiene sustento. ¿Por qué es mejor arriesgar un exceso de médicos generales? ¿Quién decidió que lo justo es poner a los nuevos graduados un techo artificial en lugar de permitirles tomar sus propias decisiones educativas, siempre en el marco de la exigencia académica necesaria?