La política migratoria anunciada el viernes de la semana pasada por el gobierno de los Estados Unidos desató una lluvia de críticas fundadas en las repercusiones humanitarias de rechazar refugiados y proscribir el ingreso de los ciudadanos de siete países del Medio Oriente como medida de prevención frente a atentados terroristas, como los perpetrados en Francia y Bélgica.
Pero las protestas se hicieron oír desde las capitales de esos países y aun desde Gran Bretaña, primera entre las potencias aliadas de Washington. El clamor de toda Europa encontró eco en América, donde el primer ministro canadiense destacó por señalar las puertas abiertas de su país a los refugiados, independientemente del credo religioso.
En los aeropuertos de Estados Unidos, miles de manifestantes exigieron poner fin a las nuevas políticas con idénticos argumentos humanitarios. Lo mismo hicieron miembros de la oposición, un creciente grupo de legisladores del Partido Republicano, líderes religiosos y otras voces. Las protestas fundadas en razones éticas y legales tienen profundo asidero. Merecen consideración prioritaria, pero existen argumentos prácticos cuyo valor no debe nublarse por el debate sobre principios más elevados.
Esas razones prácticas fortalecen el argumento moral porque cuestionan la idoneidad de las medidas para lograr el resultado propuesto. Si no son útiles, no hay forma de justificar tanto sufrimiento. Para comenzar, los países en la lista de exclusión, todos relativamente pobres y varios de ellos víctimas de cruentas guerras civiles, no son cuna de extremistas vinculados con ataques terroristas en los Estados Unidos.
Según el diario New York Times, nadie ha fallecido en los Estados Unidos víctima de un atentado terrorista perpetrado por ciudadanos de Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán o Yemen. Tampoco los hijos de inmigrantes o refugiados de esos países han causado muertes en Norteamérica.
Por el contrario, Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes, países mucho más poderosos, no figuran en la lista aunque de ellos procedían los criminales que atentaron contra las Torres Gemelas en Nueva York. Tampoco aparece Líbano, cuna de uno de aquellos terroristas.
El sinsentido relacionado con los países de la lista, y con los excluidos, se amplía al examinar las estadísticas de homicidios, según la misma publicación, que cita estudios de Charles Kurzman, profesor de Sociología en la Universidad de Carolina del Norte. El terrorismo musulmán ha conseguido asesinar a 123 personas en los Estados Unidos después del horrendo atentado del 11 de setiembre del 2001. En el mismo periodo, hubo más de 230.000 homicidios a consecuencia de otros tipos de delincuencia, incluidos los ataques motivados por el odio racial, como es el caso de los nueve afroamericanos asesinados el año pasado en una iglesia de Charleston por Dylann Roof, un creyente en la supremacía de la raza blanca.
En los Estados Unidos, la posibilidad de caer víctima de un ataque del terrorismo islámico es ínfima, concluyó el profesor Kurzman, porque aun incluyendo el ataque jamás repetido del 11 de setiembre del 2001, el número de fallecidos por esa causa apenas alcanza el uno por ciento.
Ese número, aunque pequeño, es de todas formas demasiado. Además, el terrorismo intensificó sus ataques bajo el impulso del Estado Islámico. Estados Unidos tiene derecho a combatirlo y a exigir la cooperación del resto del mundo, incluidas las naciones musulmanas, pero esa justa lucha no debe librarse con medidas intempestivas, cuya utilidad está en duda pero no sus efectos negativos.
Aparte del sufrimiento humano, la pérdida de terreno moral y la dudosa eficacia de las nuevas políticas migratorias, importantes especialistas han señalado la posibilidad de un efecto contrario. Después de todo, la principal fuerza desplegada en la actualidad contra el Estado Islámico es el ejército Iraquí y los reclutadores del terrorismo en todo el mundo buscan argumentos para demostrar a los jóvenes el deseo de discriminarlos por razón de su fe.