El proceso de elección de la defensora de los Habitantes fue blanco de justificadas críticas en el 2009. La Asamblea Legislativa escogió de su seno, luego de convocar a un concurso donde mandarían los atestados, según prometieron sus proponentes. Ya no es hora de comparar los méritos de los candidatos de entonces, pero subsisten las dudas sobre el sistema de elección y la participación de los diputados como candidatos a cargos cuya elección le ha sido confiada a la Asamblea.
El tema vuelve a la palestra porque la defensora Ofelia Taitelbaum aspira a la reelección y, en el Congreso, ya se anuncian candidaturas de legisladores interesados en el cargo. La ventaja de concursar por el nombramiento desde una curul no puede ser negada. El diputado-candidato cuenta con relaciones personales bien desarrolladas entre sus colegas y una plataforma asentada en la fracción de su partido.
Llegado el momento de la elección, unos intentarán apalancar sus pretensiones en la curul y otros aprovecharán para cobrar a la defensora posiciones asumidas en polémicos temas de derechos humanos, como la fertilización in vitro. En cualquiera de los dos casos, los atestados pasarán a segundo plano. ¿Para qué, entonces, convocar a concurso?
Hace cuatro años, la fracción mayoritaria, perteneciente al Partido Liberación Nacional, ni siquiera esperó la conclusión de las entrevistas y la valoración de los atestados. Se adelantó al examen y anunció la decisión de apoyar a la colega, apadrinada también por la Casa Presidencial.
Mientras los diputados no reconozcan la inconveniencia de su participación como candidatos a puestos escogidos por la Asamblea Legislativa, ninguna elección estará libre de sospecha. El candidato-diputado no siempre triunfará, por supuesto, pero, cuando suceda, la sombra de duda sobre el valor de sus atestados será inevitable, como serias las consecuencias para la legitimidad y credibilidad de las instituciones.
En este caso, no solo la Defensoría está expuesta a sufrir daño, sino también el Congreso, cuyos procedimientos y mecanismos de selección quedan en entredicho. Los diputados deberían ser los primeros interesados en alejar toda sospecha de una pantomima.
La nueva candidatura de Ofelia Taitelbaum no sufre el inconveniente de hace cuatro años. No es diputada y, más bien, se ha granjeado la oposición de algunos legisladores, incluidos varios de su propio partido, por las políticas adoptadas en ejercicio del cargo. Su aspiración a la reelección no puede ser objetada por los motivos de hace cuatro años.
Si surgen otros candidatos, la Asamblea Legislativa también debe valorarlos a conciencia, con arreglo a bien definidos criterios objetivos, cuya función debe ser la de una criba inicial para demostrar la idoneidad de los aspirantes. A partir de ahí, solo es posible esperar un proceso francamente político, lo cual no implica arbitrariedad ni partidismo, pero sí transparencia.
Hace cuatro años, la Comisión Especial de Nombramientos recomendó al Plenario un puñado de candidaturas seleccionadas con base en atestados cuantitativos, como el número de publicaciones, sin preocuparse por la calidad. Un doctorado en Derechos Humanos se hizo equivaler a la aprobación de tres cursos semestrales sobre la materia, para mencionar solo una de muchas distorsiones.
Tales atestados valían un 40% de la nota final y el 60% restante era un portillo abierto a la subjetividad de los diputados. El ridículo requisito de un ensayo “calificado” por los legisladores valdría otro 20% y el 40% final dependería del criterio de los diputados luego de entrevistar a los candidatos. Era cuestión de calificar muy bien al aspirante preferido y mal a sus rivales para tirar por la ventana toda pretensión de seriedad en el proceso. Ojalá, este año, el espectáculo no se repita.