El Partido Liberación Nacional (PLN) no logra ver más allá de su bancada a la hora de proponer candidatos para la Defensoría de los Habitantes. Con eso desincentiva las candidaturas de terceros, en muchos casos mejor calificados y capaces de desempeñar el cargo con excelencia. Arriesga, además, una progresiva devaluación de la Defensoría, convirtiéndola en una pieza más del botín político y sesgándola en sus funciones.
Llegó la hora de elegir (o reelegir) a la cabeza de la Defensoría y la bancada liberacionista propone a Siany Villalobos, su subjefa, para relevar a Ofelia Taitelbaum, también salida de la fracción del PLN en el cuatrienio 2006-2010. No se trata aquí de hacer un balance de la labor de la defensora, sus aciertos y desaciertos, sino de plantear, una vez más, los inconvenientes de reciclar a los diputados en altos cargos del Estado cuando su labor legislativa está por terminar.
Las aspiraciones de reelección de Taitelbaum se salvan, en esta oportunidad, de la crítica. No es diputada, sino exdefensora. El problema radica en la ventaja con que concursan los legisladores, especialmente los de las bancadas más numerosas, cuando se postulan para altos cargos cuya escogencia pertenece al propio Congreso.
La participación de diputados proyecta una sombra de sospecha sobre los mecanismos supuestamente diseñados para elegir de conformidad con las calidades y atestados de los aspirantes. Entran en juego las relaciones establecidas entre el diputado aspirante y sus colegas, así como la capacidad de negociación de su bancada.
En las entrevistas, donde las normas establecidas permiten a los legisladores completa subjetividad, los demás postulantes reciben calificaciones injustificadamente bajas de los compañeros de fracción del diputado-candidato, tanto como sea necesario para anular cualquier ventaja proveniente de la formación académica, afinidad con el cargo o experiencia. Lograrlo no es difícil, porque el 60% de la valoración responde a criterios subjetivos de los diputados.
Después de varios procesos similares, nadie ignora estas distorsiones y, con demasiada frecuencia, los mejores candidatos se abstienen de participar. Presentar la candidatura –razonan– es hacerle el juego a la politiquería y correr el riesgo de una humillación.
Cuando logró elegir a la exdefensora Taitelbaum, la fracción liberacionista anunció su apoyo a la correligionaria antes de concluir las entrevistas y la valoración de los atestados. Desde la Casa Presidencial se escucharon, también, prematuras voces de aliento para la entonces diputada.
El resultado inevitable es un descrédito para los mecanismos de selección establecidos y, también, para la Asamblea Legislativa. El defensor electo sale con la tarea de construir su credibilidad y la Defensoría, en el mejor de los casos, sufre un impasse mientras lo logra.
En las filas del PLN no todos los diputados ignoran esas consecuencias. Luis Gerardo Villanueva anunció que no apoyará a ningún diputado porque le parece “totalmente inconveniente en las circunstancias actuales”. Los inconvenientes se proyectan a cualquier circunstancia, pero la actitud del legislador cartaginés merece ser imitada por el resto de la fracción.
La participación de candidatos ajenos al Parlamento no es una garantía frente a las distorsiones incorporadas al procedimiento. La subjetividad y el juego de intereses políticos siempre se harán sentir, pero, cuando menos, existirá la posibilidad de incorporar nuevas figuras a la función pública. Un procedimiento más transparente y menos condicionado por la ventaja de un candidato salido del Congreso puede atraer un mayor número de participantes, fortalecer la credibilidad de la Asamblea Legislativa y, en este caso, la de la Defensoría de los Habitantes.