Hasta hace poco, la Corte Plena revisaba los atestados de los candidatos a magistrado suplente, confeccionaba una lista de 20 nombres y la enviaba al Congreso. Los diputados, con la mayor docilidad, aceptaban la lista y escogían diez nombres; es decir, renunciaban a su función de control y se contentaban con elegir a la mitad de los aspirantes sugeridos.
La selección final en la Asamblea Legislativa se hacía prácticamente a ciegas. Poco sabían los legisladores acerca de los candidatos, con la salvedad de lo dicho en corrillos y algún currículo básico. Como era de esperar, no conocían con respecto a los aspirantes rechazados. La Corte no se molestaba en hacerles llegar algún tipo de evaluación del desempeño de los aspirantes sugeridos ni se sentía obligada a justificar su escogencia.
Así, nadie se explica por qué la última lista enviada al Congreso omite a varios jueces de casación interesados en una plaza de magistrado suplente en la Sala III, pero incluye a candidatos de menos experiencia. Quizá los magistrados tengan razones para rechazar a quienes, a primera vista, deberían estar mejor calificados, pero es una falla del sistema relevarlos de la obligación de justificar su decisión y poner mayor atención a los atestados.
Los diputados devolvieron la lista a la Corte Plena el 9 de agosto. Los liberacionistas la rechazan porque carece de equilibrio en cuanto a género. Los de las demás fracciones, excepto los del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), temen un sesgo político en la lista propuesta. Independientemente de las razones de cada cual, el país debe aplaudir el activo interés del Congreso.
La selección de magistrados, y también de sus suplentes, es un tema de la mayor seriedad y no debe hacerse ciegas. El diputado socialcristiano Luis Fishman, uno de los pocos favorables a escoger entre los nombres de la lista rechazada, ejemplifica sin querer el problema cuando confiesa: “(') uno debe suponer, por lógica, que están mandando a los 20 que consideran mejores”. La decisión, sin embargo, no es para ser tomada a partir de supuestos.
Persistentes, los magistrados volvieron a enviar la lista al Congreso el 29 de agosto, sin cambio alguno. Están convencidos del limitado papel de los legisladores en la escogencia, pero no todos, porque la decisión de insistir fue aprobada con ocho votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.
Por segunda vez en muy corto tiempo, la Corte pretende imponer su voluntad en circunstancias discutibles. La anterior fue el 30 de mayo, cuando intentó abrir una investigación contra el fiscal general, Jorge Chavarría, quien había ordenado rastrear llamadas telefónicas de la diputada Gloria Bejarano para saber si hubo comunicaciones entre ella y dos magistrados de la Sala III antes del fallo definitivo del caso ICE-Alcatel.
La Fiscalía no halló prueba alguna de semejantes llamadas y cerró el asunto, pero los magistrados, ofendidos, intentaron abrir la indagación con total indiferencia para la independencia funcional del Ministerio Público, un órgano desconcentrado en cuyas actuaciones no debe entrometerse ninguna autoridad administrativa.
La decisión, como es natural, exponía a la Corte a la sospecha de defender privilegios y pretender un fuero especial. Por si fuera poco, los magistrados pusieron el asunto en manos de uno de sus colegas de la Corte Plena y no de la Inspección Judicial.
Poco después, la Corte rectificó y dejó sin efecto la orden de investigar a Chavarría; sin embargo, ya se había pagado un precio ante la opinión pública. En aquella ocasión, vale la pena señalarlo, el centro de la polémica también radicaba en la Sala III, encargada de ver los asuntos penales.
Tras el segundo rechazo de la lista de candidatos a magistraturas suplentes, la Corte haría bien en meditar si vale la pena la confrontación con la Asamblea Legislativa, especialmente en vista del formidable consenso existente entre los diputados y la naturaleza de las razones esgrimidas para justificar la devolución del listado.