El urgente reto de la infraestructura

El Estado no cuenta con recursos para enfrentar las necesidades viales, y la demora en la ejecución de las obras tiene un alto costo en vidasy bienes

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“No se le puede llamar carretera”, “necesita un intervención profunda” y “está al final de su vida útil”. Expertos y usuarios coinciden al evaluar el estado de la autopista Bernardo Soto y no es para menos. A lo largo de la vía hay hundimientos, deslizamientos y otros peligros, todos en franca complicidad con la ausencia de alumbrado y la borrosa o inexistente señalización.

La época lluviosa viene a completar el cuadro para hacer de la autopista un serio riesgo de seguridad. Solo entre el aeropuerto y San Ramón, donde los problemas son más agudos, hay un tráfico de 22.000 vehículos diarios. En los primeros cinco meses de este año, las circunstancias descritas se confabularon con la imprudencia para producir 175 colisiones, 6 muertos y 75 heridos. El asunto es, entonces, de vida o muerte.

El país lo sabe, cuando menos, desde 1999. En ese año se intentó la ampliación y arreglo de la vía mediante concesión de obra pública. Los trabajos avanzaron en una quinta parte, fueron abandonados y desde entonces solo se hacen labores de bacheo. Es cierto, la concesión de entonces no podía estar libre de los defectos identificados en otros casos de aplicación de la figura. Concesionarios mal financiados, sin capacidad para ejecutar la obra, se vieron obligados a ceder sus derechos a otras empresas.

Aquellos atrasos y el clima de cuestionamiento producto de las deficiencias detectadas en otras concesiones sitúan al país en un presente que es testigo del paulatino deterioro de la autopista, pero carece de claridad sobre las soluciones. Una empresa hace las perforaciones necesarias para aquilatar las condiciones de la carretera y se espera contar con los resultados en los próximos días, pero no hay certeza sobre la ruta a seguir después del diagnóstico.

La ejecución de la obra a cargo del actual concesionario sería leña para el fuego de la polémica luego de los resultados obtenidos por Autopistas del Sol en la vía a Caldera. Autopistas del Valle, constituida por los mismos socios de ese proyecto, no ha conseguido financiamiento para la Bernardo Soto pese a haber tocado puertas en España, Portugal, Suiza, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. La empresa señala el atraso de las expropiaciones como un obstáculo fundamental a la obtención del financiamiento. Sin la entrega de los terrenos procurados por el Estado, dice la concesionaria, es difícil garantizar a los bancos la seguridad financiera de la operación.

El desarrollo de la obra en esas condiciones “está en cuidados intensivos”, dijo Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT). El Gobierno contempla la posibilidad de una nueva cesión de derechos, pero ese mecanismo transmitiría condiciones propias de 1999, y el Estado debería estar atento a la justicia de las modificaciones necesarias. El borrón y cuenta nueva para reeditar el proceso es también un camino complejo, que consumirá un tiempo valioso en extremo, considerando las condiciones de la carretera y los riesgos existentes.

Sabemos, sin embargo, que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar las necesidades de infraestructura y que la demora en la ejecución de las obras tiene un alto costo en vidas y bienes, además de encarecer el proyecto. En abril del 2005, cuando Autopistas del Valle asumió la ampliación del tramo San José-San Ramón, los trabajos costaban $197 millones. Pasados seis años, el costo de la vía de 59 kilómetros aumentó a $552 millones.

Sabemos, también, de las debilidades existentes en el sistema de concesiones y de la necesidad de fortalecer los organismos técnicos encargados de la contratación y supervisión de las obras. La Bernardo Soto, por otra parte, es solo un ejemplo de la infraestructura nacional en franco deterioro, para no mencionar la que el país necesita desarrollar. Desconcierta, entonces, la inacción frente a problemas tan urgentes. Costa Rica merece una rápida revisión del sistema de concesión de obra pública, aparejada con la voluntad de invertir cuanto sea necesario para garantizar su adecuada ejecución y supervisión. En este caso, llevan razón quienes afirman que el tiempo es oro.