En el campo económico, los logros durante el primer año de esta administración fueron pobres. Quizá por ello el presidente José María Figueres eludió el tema en su mensaje del primero de mayo a la Asamblea Legislativa. Y, por supuesto, cuando hay problemas en la economía el impacto social es inmediato.
El déficit fiscal superó el 8 por ciento del valor de la producción de bienes y servicios (producto interno bruto-PIB) en 1994; pasivamente se sitúa en una magnitud similar este año. El crédito al sector privado se redujo en términos reales, las tasas de interés domésticas están en un nivel tan alto que el estímulo a la inversión y a la creación de empleo es mínimo y las reservas internacionales se han debilitado. A pesar de que la producción creció el año pasado un 4,5 por ciento, la tendencia es a la baja y no es improbable que en 1995 el ingreso per cápita se estanque. Si se han producido algunos avances en el comercio exterior, pues aunque se mantiene una gran brecha entre importaciones y exportaciones, estas muestran una tendencia más positiva. No es arriesgado afirmar que, de continuar las cosas por el rumbo del último año, una recesión nos espera a la vuelta de la esquina.
Muchos de estos males tienen un origen que precede al actual gobierno: forman parte de los problemas estructurales de nuestra economía. Pero su agudización en corto tiempo no solo se explica por la inercia que tienen, sino por la falta de medidas oportunas durante este año. No es sino hasta las últimas semanas, particularmente con el pacto entre el presidente Figueres y el expresidente Calderón, cuando se comienzan a ver signos esperanzadores en el horizonte. Quizá una de las explicaciones de la demora en la adopción de las medidas para enfrentar nuestros males económicos reside en que el caballo de batalla electoral del entonces candidato Figueres consistió, precisamente, en una férrea oposición a muchas de las medidas que hoy la realidad demanda que sean firmemente puestas en práctica (ver nuestro editorial de ayer). No deja de ser una lástima, y un lunar para el sistema democrático, que en el deseo de alcanzar el poder los partidos políticos acojan plataformas que hacen caso omiso de la realidad.
La lucha entre el gobierno y la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana, en torno a si el problema fiscal se habría de enfrentar solo con medidas para aumentar los ingresos o exclusivamente con reformas para atenuar el crecimiento del gasto público, resultó interesante desde el punto de vista intelectual, pero hizo al país perder casi un año de acción.
Hoy el pacto genérico suscrito entre Figueres y Calderón parece sugerir que estamos cerca de un entendimiento operativo, concreto, sobre la manera de entrarle al problema fiscal. Hoy parece haber consenso en que es necesario poner a caminar una verdadera reforma del Estado, que dé eficacia y justicia al gasto público y que haga más llevadero su costo al sector productivo. Y pareciera también que si, en aras de lograr estabilidad económica sostenible, fuera menester aprobar residualmente algunos tributos, tal opción no debe excluirse a priori.
Las medidas estructurales que no se tomen antes de que transcurran los primeros dos años de gobierno difícilmente se tomarán más adelante, cuando los aires electorales comienzan a empañar la responsabilidad política. Así, si el recrudecimiento de los problemas económicos que hoy vivimos ha de servir para que, de una vez por todas, los partidos mayoritarios acuerden entrarle rápidamente a la raíz de los problemas económicos, entonces bienvenido sea este momento histórico.