Finlandia, país reconocido internacionalmente por la calidad y pertinencia de su educación, dedica alrededor del 6,3% de su producto interno bruto (PIB) a educación. En Costa Rica, la cifra es del 6,9%, pero el mandato constitucional, nunca sometido a profundo escrutinio, establece un 8%. En las más recientes pruebas internacionales de rendimiento educativo conocidas como PISA, en las que participan 38 países, los estudiantes finlandeses obtuvieron el tercer mejor desempeño en lectura, el sexto en matemáticas y el segundo en ciencias; los costarricenses ocuparon el quinto peor lugar en la primera y tercera materia, y el cuarto en la segunda.
La conclusión de estos datos, incluidos en el análisis económico y social de nuestro país dado a conocer hace pocos días por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es doble, y de enorme seriedad. En primer lugar, nuestro rendimiento es lamentable: solo superamos a Argentina, Colombia, Brasil y México en alguna o las tres categorías. En segundo, la relación entre recursos asignados y resultados obtenidos es catastrófica; peor aún, no ha mejorado de manera sensible en los últimos años, a pesar de que los salarios de los educadores se han acrecentado sustancialmente, el promedio de estudiantes por aula se ha reducido y la infraestructura educativa ha mejorado.
Otra fuente de gran credibilidad pública, el Informe Estado de la Educación (EE), que publica periódicamente el Programa Estado de la Nación, apunta en su quinta entrega que, aunque hemos avanzado de forma inercial en varias coberturas educativas, en la disminución de la exclusión y en la calidad de la infraestructura, el ritmo no ha sido suficiente para “salir de la parálisis de décadas anteriores” y para evitar que estemos “en una posición de rezago relativo cuando se compara con naciones de similar desarrollo económico y social en indicadores clave”.
¿Por qué esta lamentable situación y por qué la enorme discrepancia entre los recursos asignados y lo que nuestros niños, jóvenes y el país obtenemos de ellos? La relación de causalidad llega, en última instancia, hasta la falta de visión, liderazgo y articulación políticos (tanto en los gobiernos como en los partidos), y la debilidad para enfrentar intereses creados opuestos al cambio. Pero existen otras razones más concretas, sobre las que debería actuarse de inmediato.
Entre ellas se destaca una distorsión en las prioridades públicas, de la cual proviene una recomendación clave del informe de la OCDE: “Costa Rica debería alejarse del énfasis exclusivo en un gasto creciente como la meta de política (sobre educación), y en su lugar establecer mejores mecanismos de evaluación, y fortalecer la rendición de cuentas en todo el sistema educativo, incluidas las universidades”, tanto públicas como privadas, añadimos nosotros.
El EE, por su parte, menciona que el “ente rector (léase el Ministerio de Educación) sigue careciendo de mecanismos de selección para contratar a los mejores aspirantes”. Esto ha conducido a que miles de graduados universitarios en Educación con pésima formación hayan adquirido propiedad, con lo cual se han enquistado en un sistema que los premia con generosos salarios crecientes por simple antigüedad. Además, no se han puesto en práctica sistemas de medición y evaluación del desempeño –con consecuencias según el resultado– que, al menos, los incentiven a mejorar. Como en el sistema educativo privado el control de la calidad es mucho más eficaz, cada vez se agudiza más la desigualdad entre sus graduados y los del sistema público.
En su lista de sugerencias –motivadas por las carencias– la OCDE también incluye apoyar de manera más temprana y robusta a los estudiantes en mayor riesgo de desertar y reforzar la formación vocacional técnica con programas diseñados para responder a las necesidades del mercado laboral. Entre sus dimensiones clave está la educación dual, en la cual, según la experiencia internacional, el éxito depende, en buena medida, de “dar a los empleadores un papel central en la formación en el lugar de trabajo”. Sin embargo, este tema, al igual que la evaluación del rendimiento, ha sido combatido sin cuartel por los dirigentes gremiales, mientras las autoridades de educación permanecen retraídas y sin asumir la iniciativa.
Todo lo anterior, preocupante e injusto de cara a los estudiantes, sus padres y los contribuyentes, se torna aún más grave si tenemos en cuenta que Costa Rica, con razón, ha apostado por el desarrollo económico basado en el conocimiento. Cambiar tal estado de cosas es una decisión humana y estratégicamente impostergable. No podemos demorarnos más, y si desde las instancias estatales se mantiene la inercia pasiva, los padres de familia, los educadores conscientes y los propios estudiantes deben tomar la iniciativa y exigir resultados.