El problema de la deuda interna del Gobierno, es decir, de sus obligaciones en moneda nacional, no solo consiste en su exagerada magnitud, que obliga cada año a dirigir enormes recursos presupuestarios a pagar intereses y, de este modo, a desatender otros importantes rubros de gasto o inversión.
Esa faceta es la principal, pero a ella hay que añadir, al menos, otras dos más: la presión que ejerce sobre las tasas de interés locales, para estimular la captación, y la descapitalización en que incurren una serie de instituciones públicas que, por presiones del Ejecutivo, adquieren una parte importante de esa deuda, muchas veces en condiciones más desventajosas que las del mercado. El resultado de esto último es que suban artificialmente sus tarifas, para generar excedentes que se canalizan a la adquisición de los títulos estatales, o que descuiden sus necesidades de inversión.
En este contexto, el anuncio formulado recientemente por el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, de que el Gobierno ha comenzado a renegociar los ¢270.000 millones que adeuda a varias instituciones públicas, debe ser bienvenido, pero realmente conduce al doble propósito manifiesto del funcionario:
1. Hacer más lógica la estructura de sus obligaciones con entidades que, como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, o el Instituto Nacional de Seguros, han adquirido gran cantidad de títulos, normalmente a muy corto plazo, lo cual resulta más costoso y engorroso manejar para las partes.
2. Otorgar a todas las obligaciones por las que el Gobierno paga intereses por debajo de los vigentes un rédito que responda a la realidad del mercado, para que, de este modo, no sufran las instituciones y, por tanto, sus usuarios.
Si este proceso de "reingeniería financiera" resulta justo, sin duda se dará un paso en el sentido correcto. Sin embargo, lo fundamental sigue siendo bajar el monto de la deuda. La reducción en su tasa de crecimiento, que aparentemente ya se está dando, es importante, pero hay que ir más allá. Por esto, insistimos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, en que se contemplen medidas adicionales para reducir el gasto público y, por esa vía, aliviar la presión sobre el fisco, y en que se estudie seriamente la posibilidad de privatizar activos públicos, para lograr, entre otras cosas, una inyección de recursos frescos que baje el monto del principal.
En todo esto hay que tener presente que en el tanto el Gobierno esté obligado, por el peso de la deuda y los gastos corrientes en el presupuesto, a desviar recursos de las inversiones vitales que necesitamos hacia el pago de otras obligaciones menos importantes, en esa misma medida sufriremos todos los costarricenses, pero en especial los de menores recursos.
Si el anuncio del ministro Herrero, además de abrir una opción conveniente en sí misma, es indicio de una mayor disposición de cambio, debe ser doblemente bienvenido.