Es un fenómeno mundial: la inflación, medida por las variaciones en el índice de precios al consumidor (IPC), está de regreso prácticamente en todas las naciones. Los niveles, causas y soluciones difieren. En Costa Rica, el IPC se disparó con fuerza en los primeros dos meses del año para dar una señal de alerta. Habrá que ponerle atención.
Hace apenas dos años la tasa de inflación en los principales países desarrollados corría con signo negativo. A principios del 2015, en Estados Unidos, rondaba el -0,2% (variación interanual); en la zona del euro era aún más negativa (-0,6%); y en Japón se registró una variación de -0,4% en el 2015 y -0,5% durante buena parte del 2016. Costa Rica pudo codearse en ese aspecto con los países desarrollados, pues entre junio del 2015 y junio del 2016 registró tasas negativas cercanas a -1%.
Los registros, sin embargo, empezarían a variar tímidamente a finales del 2015 y más pronunciadamente en el 2016. La inflación en EE. UU. mostró signos positivos, pero inferiores al 1% hasta diciembre del 2015; fue ligeramente superior a esa cifra hasta octubre del 2016, pero, a partir de esa fecha, comenzó a subir más rápidamente, hasta ubicarse muy cerca de la meta de inflación establecida por el Banco de la Reserva Federal ( Fed ) del 2% anual. En la zona del euro, cuya variación del IPC zigzagueaba alrededor de cero entre enero del 2015 y junio del 2016, también comenzó a subir para alcanzar la meta del 2% anual fijada por el Banco Central Europeo.
Costa Rica se empeñó en emular a los países desarrollados y ya en febrero de este año la variación (interanual) del IPC se ubicó en el 1,09%. Pero eso no significa que nuestro país seguirá la senda marcada por los bancos centrales en los países avanzados, con metas del 2% anual. Nuestra situación es más complicada. Para empezar, la inflación en enero fue un 0,57% y un 0,40% en febrero. Acumuladas, ya llevamos un 0,97%, casi una tercera parte de la meta de inflación programada para todo este año (3%) y la mitad del límite inferior (2%).
Aunque no sería correcto anualizar los resultados del primer bimestre y calcular una inflación anual superior al 6% (otras variables y políticas económicas inciden en la estimación), tampoco es correcto servirse de la inflación acumulada en los últimos 12 meses (1,09%) para albergar la esperanza de que se podrán lograr fácilmente las metas. Hay un largo camino por recorrer. Las circunstancias cambiaron. Ya no es relevante hablar de la inflación acumulada en los últimos 12 meses, lograda bajo circunstancias muy distintas, sino, más bien, de la inflación proyectada para los 12 meses venideros, bajo una nueva realidad.
Aquí entran en juego las expectativas de productores y consumidores, en el contexto de las causas de los movimientos en el IPC. En febrero pasado, el 57% de los bienes y servicios incluidos en la canasta de medición (337 en total) aumentó de precio. Es un porcentaje muy elevado como para decir que el incremento se deba únicamente al alza de los combustibles, educación y automóviles (aunque fueron los más influyentes por su peso porcentual), sino que demuestra una tendencia más generalizada. En términos macroeconómicos, pareciera que la demanda agregada está levantando y, por ende, en algún momento debería producirse un ajuste en la política económica. Es preciso recordar que siempre hay un desfase entre la entrada en vigor de los instrumentos monetarios para controlar la inflación y la fecha en que producen los resultados deseados. Según algunos análisis, podrían tardar hasta nueve meses en fructificar.
Aunque la evolución de los principales agregados monetarios y crediticios parece concordar, hasta el momento, con lo previsto en el programa macroeconómico del Banco Central, hay otros factores ajenos al control de las autoridades que podrían poner presión a los precios internos. Uno de ellos es que se está agotando la denominada “brecha del producto” (capacidad ociosa), por lo que debería reconsiderarse la política monetaria laxa observada en el 2016 y saber en qué momento debe ajustarse la tasa de política monetaria del Banco Central, fijada en un 1,75% desde hace más de un año.
También hay que considerar que el incremento de la inflación es un fenómeno mundial, según apuntamos, y que mayores precios externos, aunque moderados, incidirán sobre el valor de los bienes finales y las materias primas importados, trasladándose rápidamente a los precios internos. Y si a eso se suma la devaluación ocurrida en los últimos 12 meses, de un 5%, y la esperada, junto al riesgo de recibir menores entradas de capital necesarias para financiar la balanza de pagos (por ajustes en las tasas internacionales de interés, fortalecimiento del dólar y alzas en las bolsas de valores) y estabilizar el tipo de cambio, tenemos ya un efecto externo importante en la configuración de nuestro IPC. Hay igualmente incertidumbre sobre la evolución futura del precio de los combustibles (el mayor crecimiento de la economía mundial podría aumentar la demanda del crudo y afectar los precios), factor importante en nuestro IPC, según quedó demostrado en febrero. Finalmente, está la incertidumbre sobre el futuro de la política fiscal, que continúa expandiendo la demanda agregada.
La conclusión es que hay muchos factores internos y externos que podrían poner en entredicho la estabilidad lograda en el 2016 y que las autoridades deben estar muy atentas a actuar en el momento oportuno, como emulando –ahí sí– a los bancos centrales en los países desarrollados. Ya la Fed sugirió que subirá las tasas de interés en la reunión de esta semana, ante el incremento de la inflación. Es una señal inequívoca que deberán seguir otros bancos centrales, incluido el nuestro. Recuerden que es mucho lo que está en juego, incluidos la estabilidad de la canasta básica, preservar el valor real de los salarios e impedir el aumento de la pobreza.