“La vida nos ha cambiado radicalmente. Ahora sí dan ganas de levantarse y seguir caminando hacia adelante”, dice Sonia Rodríguez para contrastar sus nuevas condiciones de vida con los quince años pasados en un precario. Con sus cuatro hijos, Rodríguez es beneficiaria de una de las 240 viviendas de interés social erigidas en Guararí, Heredia, sobre predios donde hasta hace poco hubo 240 tugurios.
Sus palabras dan fe de una experiencia transformadora. El paso del tugurio en precario al techo digno y propio trasciende la mejoría en condiciones de vida. Tiene una dimensión sicológica y espiritual. “Mejora nuestra autoestima”, dice Cynthia Solano, una estudiante de 15 años que evitaba salir para no enfrentarse con la realidad de los ranchos desvencijados y la venta de drogas.
Villa Paola se llama el nuevo residencial. Sus vecinos, contagiados de optimismo, procuran organizarse para profundizar el avance pero, a su alrededor, otras 19.000 personas ocupan terrenos en precario, quizá esperanzadas, quizá presas de comprensible envidia frente a los cambios experimentados en el nuevo bolsón de dignidad.
El país encara un dramático déficit de vivienda cuyo principal componente son las casas en mal estado o con habitantes en situación de hacinamiento. Los afectados no solo son personas de bajos ingresos, sino también de las capas medias de la población. El estancamiento de los últimos años es notorio y no existe un plan sostenible desde el punto de vista financiero, con posibilidad de persistir en el largo plazo.
Los 13.000 bonos entregados durante la administración Arias para la construcción de viviendas palidecen frente a las necesidades. Otros 6.000 bonos se destinaron a financiar obras comunales, como la construcción de aceras y calles, pero los techos distan de los 80.000 prometidos y de los cerca de 160.000 necesarios para conjugar el faltante cualitativo, indicador que apenas ha variado desde el inicio de la administración.
En estos cuatro años, el Ministerio de Vivienda se caracterizó por los sobresaltos producto de escándalos de mayor o menor envergadura. El primer jerarca del ramo, quien se hacía llamar “el Ministro de los pobres”, abandonó el cargo en medio de cuestionamientos. Su reemplazo inauguró la gestión con el episodio de un polémico y costoso almuerzo que desembocó en la renuncia del gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). El liderazgo no se hizo sentir, pero eso no explica del todo la falta de éxito.
Los funcionarios de la administración Arias, es justo reconocerlo, recibieron un sistema financiero debilitado desde años atrás, con muchos de sus recursos mal comprometidos, pero eso tampoco explica el traspié de un Gobierno presidido por el mandatario más exitoso en la materia. Durante su gestión anterior (1986-1990), el presidente Arias puso el tema de la vivienda en el mapa de la política nacional y echó a andar el programa habitacional más exitoso de la historia. El impulso fue suficiente para mantener la iniciativa en movimiento durante años. Luego, se inició el deterioro financiero y se acentuaron el clientelismo y el manejo político, con intentos de recuperación en el curso de la administración Pacheco.
La explicación del contraste entre los dos gobiernos del Dr. Arias hay que encontrarla en una diferencia fundamental entre 1986 y el 2006: la complejidad de los mecanismos de gestión aumentó al punto de cerrar el paso a las soluciones de antaño. En 1986 fue posible declarar el problema habitacional emergencia nacional y dirigir gran cantidad de recursos a solucionarlo. El dinero provino del Gobierno central, pero también de las empresas públicas y otras instituciones. La declaratoria de emergencia dotó al esfuerzo de gran ejecutividad y lo dejó libre de amarras. Hoy, el procedimiento es irrepetible en virtud de nuevos controles, incluido el de constitucionalidad.
La falta está, entonces, en la incapacidad de descifrar las exigencias de la actualidad para retomar el empuje de 1986. La tarea pasa a manos de la administración de doña Laura Chinchilla, cuya política social no podrá ignorar el problema de la vivienda. Su existencia es fuente de marginación, criminalidad y descontento social. Su solución, por otra parte, es la merecida renovación de personas como Sonia Rodríguez, que ahora sí tienen “ganas de levantarse y seguir caminando hacia delante”.