En un campo pagado en este medio (“Es falso que el Magisterio Nacional tenga un régimen de pensiones privilegiado” ( La Nación, 8 de junio, p. 20A) la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) refuta nuestro editorial del día 5 señalando que el régimen a su cargo no es privilegiado. Decir que no es privilegiado equivale a afirmar que mantiene equilibrio actuarial, cosa que en su comunicado la Jupema ni por aproximación justifica. Es cierto que el régimen de pensiones del Magisterio Nacional fue modificado a principios de la década de 1990, pero nuestra argumentación fue que un transitorio con demasiada duración redujo enormemente el efecto pretendido por la ley.
No es necesario analizar punto por punto la respuesta de Jupema, pues el mismo día en que se publicó, en otra sección informamos que “entre aplausos de miembros del gremio de educadores” diez diputados aprobaron, en primer debate, que miles de educadores se salgan del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para pasarse al del Magisterio Nacional, donde hay mayores beneficios” (“Diputados golpean duro los ingresos del IVM”, La Nación, 8 de junio, p. 5A).
¿Por qué habrían los educadores de celebrar lo dispuesto por la Asamblea Legislativa si eso no constituye, como en efecto sucede, un beneficio para ellos? Tan beneficiosa es la medida que los celebrantes están dispuestos a trasladar al régimen del Magisterio lo cotizado al IVM y, además, pagar retroactivamente la pequeña diferencia de cuotas entre regímenes, todo con el fin de acceder a beneficios que no tienen las restricciones actuariales del que dejan. Por ejemplo, la proporción del promedio del salario utilizado y el tope impuesto a las pensiones de la CCSS.
Ante la medida adoptada por los diputados, voceros de la CCSS manifestaron que sufrirán un problema de liquidez si se les obliga a trasladar a Jupema cuotas que totalizan ¢52.000 millones. Esto es cierto, pero, en estricto sentido, es salvable, pues también a la CCSS se le reducen los compromisos futuros del IVM. Lo que no es salvable es, como señalaron voceros del gobierno, que lo acordado por los diputados tendrá una incidencia adversa sobre las finanzas públicas. El golpe financiero temido por las autoridades se debe a la falta de equilibrio actuarial del régimen del Magisterio, dependiente de un subsidio público cargado al presupuesto nacional.
Es necesario insistir en este asunto porque en nuestro país las finanzas públicas muestran un déficit cada vez más elevado, lo cual implica un endeudamiento creciente, cuyo servicio consume una proporción también creciente del presupuesto nacional. La salida de elevar tributos, en montos que equivalgan al 2,5% o más del valor de la producción nacional (PIB), no ha sido viable pero, si se hiciera, no hay motivo para canalizar los recursos al financiamiento de las jubilaciones de un grupo particular de trabajadores, por mucho que la importancia de la labor docente no pueda ser negada.
Hay otras necesidades en el país y existen personas mucho más necesitadas. El deterioro de los servicios públicos golpea a esas capas de la población antes que a cualquier otra y la economía también sufre por falta de los fondos necesarios para mantener la infraestructura nacional. Un aumento de impuestos cada vez que apriete el zapato atentaría contra el crecimiento económico, el empleo y el bienestar general.
Es indispensable actuar decidida, prioritaria y lógicamente sobre el gasto público improductivo o –como en el caso de las pensiones de lujo– inequitativo. Y en este empeño haremos un llamado a la conciencia nacional cada vez que sea necesario.