El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció su decisión de perdonar al periódico El Universo, a sus directores y a un columnista por las supuestas injurias publicadas en su contra. En los tribunales ecuatorianos, el mandatario había conseguido una desproporcionada y represiva condena de $40 millones y tres años de cárcel para cada uno de los demandados.
Poca duda cabe sobre la incompatibilidad de la sentencia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La desproporción de las condenas y su claro propósito intimidatorio contra la prensa independiente bastarían para acreditar la ilegitimidad de la sentencia a la luz del derecho internacional. Por añadidura, la resolución incorpora a la jurisprudencia ecuatoriana una desmedida protección a los funcionarios públicos, pese a la exigencia democrática de obligarlos a ser más tolerantes ante la crítica, como lo tiene señalado la Corte Interamericana.
La sentencia, dictada por jueces afines al Gobierno, constituye el epílogo de un proceso lleno de anomalías, también objeto de análisis en la jurisdicción interamericana, cuyas normas exigen respeto al debido proceso.
El “perdón” del mandatario acontece cuando ya los sentenciados estaban en camino de pedir justicia al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Correa reconoció la gravitación de ese elemento con una explícita alusión a las gestiones iniciales de El Universo ante la Comisión Interamericana (CIDH) y a la “inapropiada injerencia” de la relatora especial para la Libertad de Expresión.
La semana pasada, la CIDH pidió al Gobierno de Ecuador la suspensión temporal de la condena “a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión”. Correa calificó la gestión como un “disparate total” y arremetió contra la CIDH, acusándola de tener “grandes sesgos” y características de “una ONG y no de una institución jurídica”.
A la presión emanada de la Relatoría y la posibilidad de una condena contra Ecuador por la Corte Interamericana, se sumó la protesta de los medios de comunicación en todo el mundo, sobre todo en nuestro continente. El mandatario también aludió a ese factor cuando notó “con mucha pena”, el espíritu de cuerpo de los medios internacionales y calificó de prepotente la decisión del Grupo de Diarios de América –del cual La Nación es miembro– de publicar un artículo del columnista condenado, Emilio Palacio, como muestra de solidaridad. Tras conocer el anuncio del “perdón”, Palacio también enfatizó el peso de los costos políticos en que incurrió el presidente como elemento a tomar en cuenta para comprender la decisión de renunciar a los frutos de su victoria en los tribunales ecuatorianos. “Correa, hay que aclararlo, nos 'perdonó' por la presión nacional y mundial, pero su guerra contra la libertad de expresión seguirá”, manifestó el columnista desde EE. UU., donde solicitó asilo político.
La ominosa predicción de Palacio encuentra sustento en las declaraciones del mandatario, quien se cuidó de señalar su voluntad de perdonar “sin olvido” y celebró la demostración de que “se puede enjuiciar y vencer al abuso del poder mediático”. Así, los medios y periodistas independientes de Ecuador quedan notificados de la espada de Damocles pendiente sobre sus cuellos y de la posibilidad de sufrir el calvario impuesto a los directores y periodistas de El Universo.
Esa lección, si es atendida, producirá autocensura y limitará la discusión de los asuntos públicos, en especial la crítica de las actuaciones de altos personeros del Gobierno. Ese es, a fin de cuentas, el objetivo perseguido por el presidente, que ahora anuncia, con aires de magnanimidad, la decisión de “perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron”.