El gobierno de Costa Rica puede adjudicar obras viales por ¢13.000 millones sin licitación, comenzar a ejecutarlas sin respaldo contractual, hacer los estudios de demanda a posteriori y dejar la fuente de financiamiento para más tarde. El fundamento legal, en un país tan inclinado a la frondosidad legislativa, es sorprendentemente simple: según Kenneth Solano, director de la unidad ejecutora del proyecto de la punta norte de San Carlos, se trata del “interés público”.
Cuando los gobernantes identifican un “interés público”, el contrato puede pasar, sin concurso, de los ¢7.700 millones originalmente contratados mediante licitación, a los ¢20.600 finalmente invertidos. Basta la solicitud del propio contratista y la petición de una asociación de vecinos. Además, según su dicho, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) siempre tuvo clara la necesidad de construir cuatro carriles, aunque solo licitó dos.
Los ¢13.000 millones de diferencia (un 170% por encima del costo original) se invirtieron en añadir dos carriles a lo largo de 2,5 kilómetros, porque los otros 3,1 kilómetros contaban con tres carriles desde el inicio, uno de ellos para el ascenso. En esa parte de la vía, solo fue necesario agregar un carril.
El “interés público” produjo una obra bastante cara, la mayor parte de cuyo valor se adjudicó sin concurso para evitar no sabemos cuántas calamidades inminentes. Con métodos muy parecidos, el gobierno amplió, sin licitación ni mucho trámite, la contratación de la célebre “pifia”, un tramo de carretera entre la vía a Limón y el megapuerto de Moín. En defensa del interés público, introdujo datos erróneos en el cartel y luego descalificó al concursante más barato, quien detectó la anomalía y presentó una oferta con la solución incorporada, por lo cual no se ajustaba a los términos de la licitación.
Como la obra habría resultado inútil si se construía respetando el premeditado error, el gobierno negoció la rectificación después de adjudicar el contrato. Así, la vía se encareció en $26 millones sin licitación. El gobierno invocó el interés público de evitar la pérdida de $1.000 millones que la concesionaria pagará paulatinamente si la carretera queda lista en enero del 2018, pero la celeridad conseguida mediante el error no está del todo clara.
El uso del interés público para justificar la inobservancia de otras molestas normas legales, al parecer de menor jerarquía, se convirtió en método en el gobierno del cambio, cuyos jerarcas se ufanan del destierro de la corrupción. Urge reconsiderarlo. La administración está en sus postrimerías y nada garantiza un nuevo gobierno del Partido Acción Ciudadana. Si otra agrupación llegara a gobernar y las contrataciones quedaran en manos menos impolutas, el método del interés público podría desembocar en una tragedia.
Casos como los citados podrían prestarse, por ejemplo, para convenir con un oferente la presentación de un precio suficientemente bajo para garantizarle la adjudicación, con previo acuerdo de un “ajuste” del precio después de firmado el contrato, sea porque se detecta un error ya conocido o porque se decide ampliar la obra para satisfacer la necesidad que el Conavi siempre tuvo en mente.
Por esa vía, un gobierno menos escrupuloso podría eliminar oferentes de buena fe e inflar el precio de obras y contratos a cambio de Dios sabe qué concesiones. Por eso existen las engorrosas leyes aprobadas para normar la contratación administrativa y no es buena idea sustituirlas por “el fundamento legal” del interés público, que exige un extremo auto de fe de la sociedad en los gobernantes, que no siempre lo han merecido.