La única noticia positiva en materia de carreteras nacionales, es que el desastre vial parece que al fin ha logrado conmover a las altas esferas del Gobierno. Las declaraciones del Presidente de la República del martes pasado fueron en este sentido especialmente enérgicas --hasta destempladas-- y directas. Si hay conciencia sobre la enormidad del mal, es de esperar, entonces, que las soluciones sean inmediatas y profundas.
No hay razón alguna, además, para que las soluciones no sean prontas, pues no todas, ni las más trascendentes, dependen del dinero. Por el contrario, los recursos se han dilapidado en forma pública, notoria e impune. La solución se encuentra, primeramente, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Si este falla, como ha ocurrido durante mucho tiempo, y si los municipios apenas subsisten, todo lo demás viene por añadidura. En este contexto de responsabilidad primaria del MOPT, se explican las denuncias formuladas por el presidente Figueres: atrasos injustificados al principio de las obras para cobrar los reajustes, el uso de materiales de baja calidad, el incumplimiento de las licitaciones, la falta de mantenimiento y el fenómeno increíble de que ha habido carreteras cuyo proceso de deterioro comenzó antes de la inauguración o pocos días después de los brindis de rigor.
A esto hay que añadir la forma a menudo lenta en que se hacen los desembolsos a las compañías constructoras, con las consiguientes suspensiones de obras, atrasos y mayores costos.
El viceministro de Transportes, Francisco Nicolás, puntualizó en nuestra edición del miércoles el nombre de las empresas constructoras que, según el Gobierno, han incurrido en irregularidades, y el Tribunal Superior Contencioso Administrativo condenó a la empresa Bemontesa S.A. y a cuatro inspectores del MOPT por la deficiente construcción del tramo Frailes-Tarbaca. Por otra parte, no es necesario publicar una lista de las vías en mal estado, pese a su reciente construcción, o del sinnúmero de huecos abiertos poco después del bacheo, realizado conforme a métodos antediluvianos no sabemos si por cálculo o por mentalidad. La experiencia diaria de los costarricenses nos exime de la verificación in situ del escándalo de las carreteras nacionales.
El subgerente de la empresa Rafael Herrera decía anteayer que "el problema es de los malos diseños". Inadmisible justificación, pues ninguna empresa debería iniciar una obra a partir de diseños erróneos. En este caso las empresas no pueden eximirse de culpa, aunque la mayor incumbe al MOPT por los malos diseños, por su sumisión a las peticiones de los diputados, que piden votos a cargo de una carretera, y, sobre todo, por la pésima --y quizá hasta dolosa-- supervisión. Esta negligencia del MOPT y, en general, la pasividad con que, durante muchos años, contempló el deterioro del sistema vial y portuario del país, le ha causado a la economía nacional y al fisco daños irreparables, cuyo monto ni siquiera se podría cuantificar.
Estas deficiencias crean un caldo de cultivo propicio para el desastre. Es hora de poner fin a este mal. El espectáculo de nuestras vías y las serias denuncias sobre el elevado nivel de corrupción y negligencia no deben postergar por más tiempo la solución definitiva.