Jorge Chavarría, jefe del Ministerio Público, se aferra al cargo, pero la confianza en su gestión sufrió esta semana un golpe devastador. La Fiscalía pidió desestimar la causa por posible tráfico de influencias contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara sin mencionar la existencia de un informe del Organismo de Investigación Judicial donde se documenta un intenso tráfico de comunicaciones entre ellos y Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino.
La fiscala subrogante Berenice Smith, firmante de la solicitud de desestimación acogida por la Sala III, renunció en cuanto trascendieron los hechos a la opinión pública, pero Chavarría se muestra reacio a acatar, siquiera, la decisión de la Corte Plena de separarlo de la tramitación de las causas relacionadas con el escándalo del cemento.
La ley asigna al jefe del Ministerio Público la investigación de causas contra miembros de los supremos poderes, dice Chavarría para justificar su negativa a apartarse de los expedientes, pero ese argumento más bien incrementa las dudas. Si solo él puede investigar a los diputados, su deber era estar enterado de las indagaciones, entre las cuales no hay ninguna más importante que el informe del OIJ.
Si el fiscal no conoció ese informe, incumplió la obligación legal que ahora cita para mantenerse al frente de las investigaciones. Si lo conoció, debió haberle extrañado la petición de desestimación firmada por Smith donde se niegan hechos consignados en el documento y, sobre todo, debió haberle extrañado la resolución de la Sala III que funda la desestimación, entre otras cosas, en la ausencia de comunicaciones telefónicas entre los investigados.
Chavarría sí dice sentirse extrañado porque la petición de desistimiento se presentó en su ausencia, durante un viaje de tres días a República Dominicana. Por eso la gestión lleva la firma de la fiscala subrogante Smith. Según Chavarría, lo sucedido es “anormal” y el fiscal asistente, Enrique González, debió preguntarle si pedía la firma de Smith para tramitar la desestimación en su ausencia.
Si el fiscal considera cumplido su deber de encabezar la investigación de miembros de los supremos poderes con solo firmar las gestiones, sin siquiera enterarse de aspectos básicos del caso, como es el informe del OIJ, cuando menos debió revisar las actuaciones de sus subalternos al darse cuenta del trámite “anormal”. Tuvo meses para hacerlo luego de su regreso del corto viaje a República Dominicana. No habría tardado en darse cuenta de las omisiones y, de paso, habría conocido la más importante pieza del expediente que, según dice, solo él puede tramitar.
En suma, si el fiscal invoca la ley para desatender la orden de separarse de los casos relacionados con el cemento, debe ser porque la cumple escrupulosamente, pero sus explicaciones indican lo contrario. Más bien desplazan las responsabilidades asignadas por ley para dejarlas caer en hombros de un fiscal asistente y de la segunda de a bordo.
En cualquier caso, Chavarría debe dejar el cargo, sea porque no sigue las causas contra miembros de los supremos poderes con la atención exigida por ley o porque permite los resultados que están a la vista y luego invoca las obligaciones legales para permanecer a la cabeza de las investigaciones.
El descrédito del Ministerio Público no tendrá reparación en ausencia de una renovación de los altos mandos. Ningún sustituto de Smith gozará de la credibilidad necesaria si Chavarría participa del nombramiento. Lo mismo puede decirse de las investigaciones de corrupción, cuyo lento desarrollo es objeto de cuestionamientos desde hace más de un año. El mayor servicio que el fiscal Chavarría puede hacerles al país y al Ministerio Público es dejar el cargo cuanto antes.