La viceministra de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habló con inusual sinceridad. Según su criterio, la cancelación de la concesión de la autopista entre San José y San Ramón fue un error. Se ha perdido mucho tiempo y, al final, los peajes tendrán para los usuarios un costo parecido.
Giselle Alfaro tampoco dudó en señalar la interferencia de las pasiones políticas en la toma de decisiones trascendentales y aludió a que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. No lo es. El presidente Luis Guillermo Solís se dio cuenta a pocos meses de iniciada la administración, pero esa realidad pocas veces se admite.
El Estado indemnizó a la firma brasileña OAS con $35 millones para dejar sin efecto el contrato de concesión. Lo hizo bajo presión de organizaciones vecinales opuestas a la obra, fundamentalmente por el costo de los peajes para los habitantes de las poblaciones aledañas a la vía. Todo sería resuelto mediante un fideicomiso.
La sola mención de esa palabra apaciguaba los ánimos y evocaba visiones de una carretera mejor, más barata, con peajes de costo moderado. Ya pasaron tres años y la solución ni siquiera está a la vista. La Contraloría General de la República acaba de pedir al Banco de Costa Rica, encargado de estructurar el fideicomiso, una serie de importantes precisiones sobre la obra.
Para obtener el visto bueno, el Banco debe responder al documento de 26 páginas donde la Contraloría pide precisar las obligaciones de las partes involucradas, definir a quién corresponden los costos del corredor vial y establecer una cláusula de distribución de riesgos, que en un esquema de concesión se trasladan al constructor. La Contraloría también pidió datos de la estructuración financiera del fideicomiso y el funcionamiento de la unidad ejecutora, entre otros aspectos.
El MOPT estima normal la petición de informes adicionales, pero eso no impide señalar que a la fecha ya han pasado tres años y medio desde la cancelación del contrato original. Cuando la Contraloría conceda su visto bueno, apenas comenzará la etapa de definición de costos y diseños, para luego iniciar la construcción.
Si el proyecto no naufraga, parece seguro que no estará concluido al finalizar la administración. A juzgar por la evolución de esta y otras iniciativas, tampoco es una apuesta segura el inicio de las obras antes de la entrega de poder a un nuevo gobierno. Como todo está por definir, no hay claridad sobre el costo de los peajes, el esquema de mantenimiento de la vía, que en el caso de una concesión pasa a ser problema del concesionario, y el diseño definitivo de las obras.
Sabemos que el ministro Carlos Villalta no comparte la opinión de su subalterna y lejos de considerar la cancelación de la concesión como un error, la estima una oportunidad de “subirle el nivel al proyecto”. Como entre las razones esgrimidas para dejar sin efecto la concesión está el costo del peaje, es preciso presumir que en este punto la viceministra también se equivoca y la tarifa definitiva no será siquiera parecida a la del contrato original. Sin embargo, alcanzará para pagar el mantenimiento de la carretera y dar al Banco una adecuada rentabilidad.
Esa es, entonces, la renovada promesa de esta administración. Habrá una carretera a San Ramón, mejor que la originalmente planeada y con peajes baratos que alcanzarán para el mantenimiento y no resultarán ruinosos para el Banco y sus inversionistas. El plazo de cumplimiento es por ahora desconocido.