La Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa) y la Fábrica Nacional de Licores son, entre otros, ejemplos de la figura conocida como Estado empresario. Ambas produjeron pérdidas que la ciudadanía indirectamente asumió y metieron al Estado —y, por tanto, a su aparato contralor— a operar en áreas donde no está llamado a actuar. Los resultados fueron desastrosos.
No obstante esa experiencia, hoy se discute en la Asamblea Legislativa la posibilidad de reformar la Ley Reguladora del Mercado de Seguros (n.° 8653) para autorizar la creación de dos posibles aseguradoras, una propiedad del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y la otra del Banco de Costa Rica (BCR) (vea “ Popular tiene interés en crear aseguradora con cooperativas ”, Economía, La Nación, 10 de octubre del 2017).
La iniciativa es de Víctor Morales Zapata, elegido diputado por el Partido Acción Ciudadana y ahora independiente, luego de importantes cuestionamientos formulados por la prensa, otros diputados y, finalmente, por la propia Presidencia de la República. La intención inicial es permitir a las cooperativas, y lo que él denomina “organizaciones de la economía social”, asociarse con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para constituir una compañía de seguros. A esa iniciativa se le ha agregado la posibilidad de que los bancos estatales, en particular el BNCR y el BCR, puedan tener sus propias aseguradoras.
La Ley 8653 ya permite a las cooperativas constituir compañías de seguros. También faculta al Banco Popular y a los bancos públicos para hacerlo, mientras sea en asocio con el Instituto Nacional de Seguros (INS), que debe ser dueño de no menos del 51% del capital, que actualmente rondaría los $4,5 millones si se desempeñan en una sola categoría de riesgos —vida o seguros generales— y unos $10 millones si lo hacen en ambas. Pero esas empresas en ningún caso contarían con la garantía del Estado, lo cual las coloca en desventaja frente al INS, cuyas operaciones sí la tienen.
La cancha en esta materia no está nivelada, como tampoco lo está en materia de banca comercial, pues el Estado garantiza las operaciones de algunos actores y no las de todos. Pero, de momento, la pregunta fundamental es si el Estado costarricense debe tener no una, sino tres aseguradoras operando en nuestro medio, donde ya existe alrededor de una docena. La respuesta es un rotundo no. No tiene sentido alguno permitir a los bancos estatales crear aseguradoras, ni siquiera en los términos ya previstos por la ley, es decir, en asocio con el INS.
Zapatero a tus zapatos. El Estado debe concentrarse y ejecutar con eficacia las labores que le son propias, o sea, aquellas donde la iniciativa privada, por falta de estímulos adecuados, es reacia a entrar. Pero no debe hacerlo donde la empresa privada actúa con propiedad. Ya muchos cuestionan por qué nuestro Estado es banquero, asegurador, distribuidor (que no refinador) de derivados del petróleo y hasta fabricante de guaro de caña. Si a esto agregamos una proliferación de aseguradoras estatales, el problema se magnifica.
Instamos a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa a analizar con mucho cuidado esta iniciativa que, a cambio de una pequeñísima modificación consistente en permitir a las cooperativas y el Banco Popular constituir una compañía de seguros sin participación del INS, podría ser utilizada cual caballo de Troya para plantar nuevas semillas del Estado empresario. No más Codesas.