El empleo público es una carrera segura como pocas. El peor de los rendimientos, y aun las faltas, solo implica el inicio de un procedimiento administrativo, rara vez aplicado, cuya conclusión puede tardar hasta dos años y nada garantiza el despido.
Lejos del peligro del cese, el empleado público tiene prácticamente garantizadas las anualidades, ayunas de su presunta intención de funcionar como estímulo, porque el 99% de los funcionarios las logran prácticamente en forma automática. Así ocurrió entre el 2007 y el 2012, según la Dirección General del Servicio Civil.
La desnaturalización del incentivo se debe a la ausencia de un verdadero sistema de evaluación del desempeño, con criterios uniformes de razonabilidad, eficiencia e igualdad como los sugeridos en el anteproyecto de ley redactado por la Administración pasada y promovido por la entonces ministra de Trabajo y hoy diputada Sandra Piszk. En el empleo público, no hay por qué preocuparse de una medición semejante y el precio de esa tranquilidad corre por cuenta del usuario y la calidad de los servicios estatales.
El empleo público es, también, muy bien remunerado. Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial, no ocultó su sorpresa al constatar que Costa Rica es el único país latinoamericano donde los empleados estatales ganan más que sus contrapartes en la empresa privada.
En el empleo público se producen, al mismo tiempo, grandes injusticias. Según la Contraloría General de la República, existen diferencias de entre 225% y 614% en la remuneración de cargos con idénticas funciones y requisitos, merced a la variedad (mejor dicho, desorden) de sistemas de compensación.
El exministro de Hacienda Édgar Ayales señaló la extensión de esa iniquidad a la generalidad de la fuerza laboral cuando declaró que la diferencia entre los beneficios del sector público y el privado es uno de los elementos de mayor peso en la desigualdad social. Comparados con los trabajadores del sector privado, los del Estado ganan, en promedio, un 49% más.
Pero las distorsiones no se proyectan con igual fuerza en todos los rincones del empleo público. Más bien, se ensañan con el talento de valor estratégico, cuyas capacidades son mejor remuneradas en la empresa privada. El Estado no es competitivo a la hora de reclutar a los mejores empleados de nivel técnico y profesional, cuyas funciones son clave para mejorar la Administración Pública.
Aunque la gran mayoría de costarricenses se gana la vida en otras ocupaciones, ningún empleador supera al Estado, que ni siquiera es capaz de precisar el número de funcionarios a su servicio. La estimación más precisa es de unos 35.000 en el Gobierno Central y, para calcular el resto, se utilizan medios como la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En total, en el segundo semestre del 2013 había unos 295.000 empleos públicos.
La precisión es imposible debido a la “aparatosa fragmentación de la Administración Pública” y a la “ausencia total de rectoría política del empleo público, por la que hemos implorado desde hace dos décadas”, declaró hace un año José Joaquín Arguedas, director del Servicio Civil.
Por si fuera poco, el sector público está plagado de privilegios no salariales, que van desde la extensión del periodo de vacaciones hasta la eliminación de los topes del auxilio de cesantía, pasando por el pago de la totalidad del salario en caso de incapacidad y muchos otros beneficios. Para redondear, los salarios del sector público aumentaron un 35% desde el 2009, es decir, el doble de la inflación en el mismo periodo.
No hay, entonces, por qué extrañarse del déficit fiscal y las taras impuestas al desarrollo. Uno y otro problema lo hemos construido, paso a paso, concesión a concesión, a lo largo de décadas.