El 14 de marzo del 2012, veintidós diputados liberacionistas, ocho del Partido Acción Ciudadana y un evangélico se unieron para aprobar el Plan de Solidaridad Tributaria propuesto por la presidenta Laura Chinchilla. Parecía vencida la férrea oposición del resto del Congreso, incluido su presidente Juan Carlos Mendoza y las facciones del PAC afines al futuro candidato Luis Guillermo Solís, pero todavía quedaba la posibilidad de acudir a la Sala IV, alegar un defecto de procedimiento y liquidar el plan, como en efecto sucedió.
Así, los partidarios del ahora presidente Solís derrotaron un proyecto cuyos beneficios se habrían hecho sentir en el último año y medio de la administración Chinchilla, cuando mucho. En cambio, el nuevo gobierno habría tenido los recursos adicionales a mano desde el primer día y durante todo su periodo.
Para más ironía, el Plan de Solidaridad Tributaria se parecía mucho a la propuesta fiscal de la administración Solís, pero durante el gobierno de Chinchilla, los opositores lo calificaban de innecesario. Consecuente con esa posición, el candidato del PAC prometió no crear impuestos antes de cumplir dos años en el Gobierno. Para cimentar la promesa, ofreció dedicar la primera mitad del mandato a demostrar cómo se gasta bien, con eficacia y austeridad.
A pocos meses de la inauguración, las universidades estatales recibieron un torrente de recursos y los empleados públicos obtuvieron importantes aumentos salariales. De paso, el presidente levantó el veto a la reforma procesal laboral, una medida difícilmente compatible con la austeridad fiscal. Pronto apareció un presupuesto nacional ampliado en un 19% y su aprobación dio pie a escenas inusitadas.
Cuando diversos sectores reclamaron la austeridad prometida, el presidente Solís elogió una manifestación de estudiantes convocada para impedir ajustes al presupuesto universitario. La ministra de Cultura fue más allá y se puso al frente de una protesta de trabajadores del sector.
En el Congreso, las maniobras incluyeron súbitas y extrañas sustituciones en la comisión dictaminadora del plan de gastos, groseros ataques contra diputados opuestos al despilfarro y, finalmente, la aprobación del proyecto con métodos poco después censurados por la Sala IV, que los encontró incompatibles con la Constitución y los principios democráticos.
Poco antes, las calificadoras internacionales habían empezado a restar respaldo a los bonos costarricenses. El Gobierno, en vísperas de su pírrica victoria presupuestaria, más bien restó importancia a esos pronunciamientos, en algunos casos con un dejo de afirmación nacionalista. Henry Mora, entonces presidente del Congreso, aseguró que el país no debía asustarse por el dictamen de las calificadoras internacionales, así como en el pasado no temió a los filibusteros.
No había pasado el primer año de la nueva administración cuando el Ministerio de Hacienda hizo su propuesta de reforma tributaria. El Gobierno abandonó la promesa de campaña y comenzó a promover el plan en un ambiente enrarecido por las maniobras recientes, el distanciamiento entre el Ministerio de la Presidencia e importantes sectores del Congreso y la alegre actitud fiscal observada por la administración hasta ese momento.
Casi de inmediato, el propio presidente debilitó la credibilidad de la propuesta cuando decidió aplacar protestas del sector cooperativo contra la eliminación de sus exenciones tributarias. El mandatario argumentó a favor de mantener las exoneraciones y, para justificar una enmienda tan prematura, dijo estar en desacuerdo con varios aspectos del plan fiscal, aunque no especificó cuáles.
En su discurso del primero de mayo, justo a medio camino de la fecha fijada para promover la creación de impuestos, el mandatario hizo un dramático llamado a la “conciencia” para pedir la aprobación del plan fiscal y evitar la inestabilidad económica. Por su parte, el ministro de Hacienda se muestra preocupado por el encarecimiento del crédito a Costa Rica después de las calificaciones internacionales descendientes. “Se me cae la cara de vergüenza con los organismo financieros”, afirmó el también vicepresidente Helio Fallas.
No han pasado dos años desde la inauguración de la administración Solís, apenas hace tres de la derrota del Plan de Solidaridad Tributaria, la memoria de la lucha contra William Walker sigue presente y el mandatario no ha explicado cuáles aspectos de la propuesta fiscal lesionan sus convicciones, pero llama a la conciencia de la oposición maltratada en la primera legislatura, cuando el PAC ejercía control del Congreso.
La voltereta es demasiado grande. La confianza está debilitada. Es necesario reconstruirla. El problema fiscal existe y es grave, aunque desde la época de la Ley de Solidaridad Tributaria los ahora gobernantes se hayan negado a aceptarlo. El Gobierno necesita nuevos ingresos, pero no los obtendrá mientras subsista el riesgo de despilfarro.
La administración debe acercarse al Congreso y a la oposición, no para reclamarle haber creado el déficit fiscal, como hizo el presidente el primero de mayo sin reconocer sus propios aportes y los de su partido a la crisis. El PAC no fue creado ayer ni el mandatario carece de protagonismo político desde sus días de secretario general del Partido Liberación Nacional.
Es preciso hablar con sinceridad, desterrar la maniobra cortoplacista y la demagogia, mostrar voluntad de cambio y negociar una agenda equilibrada con la valentía requerida para enfrentar a los grupos de presión que, con toda seguridad, se alzarán contra la buena administración fiscal.