Informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y del Banco de Costa Rica apuntan al incumplimiento del plan de inversión del crédito concedido a Sinocem, la empresa importadora de cemento chino. El valor del cemento traído al país no compagina con los desembolsos hechos por la institución financiera contra meras órdenes de compra, no facturas. El Banco se valió de esa circunstancia para cerrar las líneas de crédito y exigir la devolución del dinero.
Según las investigaciones, parte de los recursos entregados para financiar la adquisición de cemento regresaron al país y fueron a dar a cuentas abiertas en otros bancos. En actas del BCR consta la preocupación porque “los informes dan cuenta de la devolución por Sinobuilding Materials Hong Kong de al menos $7,5 millones hacia cuentas del deudor, pero también de una empresa del representante legal del deudor, Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, sumas que no fueron devueltas de inmediato al BCR por los canales correspondientes…”.
Sinobuilding Materials Hong Kong es el proveedor de cemento de la empresa costarricense y las autoridades investigan si los $7,5 millones representan la totalidad del dinero circulante entre las cuentas y empresas señaladas. El tema es importante, no solo por lo que toca a Sinocem y al manejo de sus créditos en el BCR, sino también por la participación de otros bancos.
La pregunta obvia es si las demás instituciones financieras, entre ellas el Banco Nacional, hicieron las averiguaciones de rigor cuando recibieron sumas tan elevadas desde un centro financiero como Hong Kong. La respuesta puede conducir a la satisfacción con el control de capitales o a serias responsabilidades y sería una pena dejar pasar la oportunidad de constatar la aplicación de los protocolos preestablecidos.
El caso debería despertar la curiosidad de autoridades en los poderes Ejecutivo y Judicial. El Banco Nacional, uno de los receptores de fondos, es también un banco estatal y eso lo hace acreedor de especial atención. El caso despierta dudas sobre la existencia de una cooperación deseable entre las instituciones del Estado. Las preguntas apropiadas sobre los capitales llegados al Banco Nacional habrían determinado la pertenencia de los fondos al Banco de Costa Rica.
Si las preguntas no se hicieron, el ingreso de los fondos al Nacional plantea problemas muy evidentes. Los bancos están obligados a saber o investigar el origen de los depósitos. Si las preguntas se hicieron, los funcionarios debieron darse cuenta de que los fondos eran del banco hermano y “no fueron devueltos de inmediato al BCR por los canales correspondientes…”.
Cualquiera de los dos casos apunta a la necesidad de fortalecer controles y establecer o aumentar la coordinación. Que las cuentas de un banco estatal permitan sustraerse de “los canales correspondientes” a la hora de devolver los fondos girados por otra institución del Estado es preocupante.
Juan Carlos Bolaños, cabeza de la empresa importadora de cemento chino, afirmó a este diario: “Todas mis operaciones son auditadas por el sistema financiero costarricense. Incluso, una denuncia anónima fue presentada ante el Ministerio Público revelando, sin autorización jurisdiccional, mi secreto bancario. El crédito fue nuevamente analizado ahora por la Fiscalía y nuevamente se comprobó su buen proceso”.
Las últimas acciones adoptadas por el Banco contradicen esa afirmación e invitan a preguntar si la Fiscalía revisará el tema con ojos frescos y la vista puesta más allá del BCR, en los bancos por donde regresaron los recursos a nuestro país.