El contrato de construcción del tramo norte de la carretera a San Carlos fue adjudicado por ¢7.700 millones, pero terminará costando ¢20.950 millones, es decir, tres veces más. El precio inicial era para una vía de dos carriles, con uno adicional en los tramos de ascenso. El aumento responde a los mismos siete kilómetros, pero con cuatro carriles.
Entre una contratación y la otra no medió concurso. El contrato original fue concedido mediante licitación al oferente con mejor precio. La ampliación, adjudicada sin concurso, beneficia a la misma empresa. El proceso deja mucho que desear. A fin de cuentas, el Estado licitó una obra de ¢7.700 millones, pero omitió el mismo procedimiento en el caso de otra, mucho más costosa, de ¢13.250 millones que es la diferencia con el costo inicial.
Las explicaciones no convencen. Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), un concurso público para adjudicar la ampliación pudo conducir a la contratación de una segunda empresa y es imposible trabajar con dos constructoras en el mismo proyecto. En consecuencia, era mejor ampliar el contrato de la adjudicataria inicial.
Suena lógico, pero entre la adjudicación del proyecto original en diciembre del 2013 y la decisión de añadirle dos carriles, en marzo del 2015, apenas mediaron 15 meses. Según el MOPT, el cambio de opinión se debió al criterio técnico del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, a consultas con la comunidad y un análisis de demanda.
Bueno habría sido contar con esos elementos de juicio 15 meses antes para promover una licitación con todas las garantías de la ley. Por el contrario, la empresa adjudicataria recibió la orden de variar el diseño y cinco días después se le giraron instrucciones de iniciar la construcción, todavía con los planos anteriores y sin contar con los fondos necesarios para financiar la ampliación.
Cuando el MOPT giró la orden de comenzar la obra adjudicada 15 meses antes, no había formalizado el plan de ampliación a cuatro vías, no tenía los fondos necesarios y no había recibido autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para variar las características de la carretera. El BID solo había dado su anuencia para la revisión del diseño, valorada en ¢85 millones, menos del 2% del crédito original. En suma, los estudios y consultas esgrimidos para cambiar radicalmente el proyecto prácticamente coincidieron en el tiempo con la orden de iniciar la obra y con el rediseño de la carretera.
En esa premura, el presupuesto planteado por la adjudicataria fue sometido a un análisis de razonabilidad de precios en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y los resultados fueron comparados con el costo de obras similares. Y listo, el contrato pasó a valer tres veces más. Todo se hizo en el propio MOPT, sin supervisión. La Contraloría General de la República no medió en el asunto porque los fondos son del BID. Si por ese motivo el país estuviera exento de pagarlos, no habría problema, pero se trata de préstamos, aunque concedidos en condiciones favorables.
Cuando menos, el procedimiento seguido es indeseable porque estimula la falta de planificación y la improvisación en el MOPT. También es probable que el cambio sobre la marcha salga más caro. Pero detengámonos un instante para pensar en las dimensiones del escándalo si se produjeran hechos similares en un contrato de concesión de obra pública. Quizá el MOPT se habría visto obligado a desligarse del contrato original, aun con pago de indemnización, como sucedió con la carretera a San Ramón.