Las familias costarricenses gastan al año un promedio nada despreciable de ¢14.000 millones en educación universitaria privada, sin que tengan medios para informarse, en todos los casos y oficialmente, sobre la calidad de la enseñanza que reciben sus hijos, la adecuación entre lo que ofrecen las carreras y lo que se imparte en las aulas, la inserción competitiva en el mercado laboral y las tarifas, que crecen a un ritmo más alto que la inflación.
Si bien es un grave error considerar los centros privados como “universidades de garaje”, porque muchos de ellos procuran ofrecer una educación de calidad, lo cierto es que no se supervisa este sector de la enseñanza superior, que otorga 28.000 títulos al año y gradúa al 70% de los futuros maestros y profesores del país.
La ecuación es sencilla: si Costa Rica quiere mejorar su sistema educativo y los indicadores de competitividad nacional, debe preocuparse por el núcleo duro de la enseñanza, el desarrollo profesional de los docentes, de lo contrario no podrá salir del círculo vicioso.
En el 2013, el informe Estado de la Educación alertó de que un 43% de los educadores no domina su materia y que “la oferta educativa es dispersa, desigual y no siempre está acorde a las necesidades de los profesores”. Otras mediciones del Ministerio de Educación Pública (MEP) han arrojado datos aún más severos, en particular sobre los graduados de universidades privadas.
Una investigación de La Nación y la percepción de la actual titular de la cartera, Dra. Sonia Marta Mora, ratifican las graves limitaciones jurídicas y organizativas del Consejo Nacional de Enseñanza Universitaria Privada (Conesup) para cumplir en la actualidad con las funciones para las que fue creado.
El Conesup cuenta con nueve inspectores para fiscalizar, al menos en el papel, 53 universidades privadas y 1.741 carreras. Esta estructura, que se reduce a un control burocrático sobre la oferta educativa y a señalar tardíamente los incumplimientos, hace que el país esté a oscuras sobre la calidad del 50% de la educación superior e ignore su incidencia en áreas estratégicas como el empleo.
En el 2013, de acuerdo con los reportajes de La Nación, la versión preliminar de un informe de auditoría del MEP registraba fallas de varias universidades privadas y un cuestionamiento general al funcionamiento del Conesup. El borrador detallaba carreras aprobadas sin contar con los requisitos necesarios, sedes regionales abiertas sin inspección preliminar y órdenes de cierre emitidas por el Conesup que no se ejecutaron. Además, se insistía en que esta entidad no ejerce de forma eficiente las funciones de inspección preventiva y que carece de liderazgo y capacidad organizativa.
Ante las múltiples evidencias, la ministra de Educación prometió “una renovación integral” del Conesup y una revisión de los parámetros de calidad que deberían aplicarse a la enseñanza privada.
Tanto por la inversión que implica para las familias costarricenses como por la relación con el mercado laboral, la educación superior privada no puede seguir al garete.
Las primeras interesadas en evitar el descontrol deben ser las universidades privadas comprometidas con la calidad académica, que cumplen una importante función en la sociedad al abrir oportunidades a gran número de personas que, por diversas razones, no pueden estudiar en los centros de enseñanza superior del Estado.