Los problemas suscitados por la entrada en vigor de la nueva y esperada ley de tránsito tienen solución y, por fortuna, son de relativamente poca monta, pero encajan en el patrón de imprevisión claramente discernible en el aparato estatal y, en particular, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Vigente la ley, no hubo quien la aplicara porque buena parte de los agentes de Tránsito permanecieron puertas adentro, capacitándose sobre su contenido. La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto el 18 de setiembre, unas cinco semanas antes de su plena vigencia, el 26 de octubre. La presidenta Laura Chinchilla firmó el texto el 4 de octubre, tres semanas antes de la hora cero.
La aprobación legislativa y la sanción presidencial eran previsibles desde fechas aun más remotas. Sin embargo, llegado el día, faltaba capacitar a los oficiales, calibrar los detectores de alcohol para ajustarlos a los nuevos parámetros y programar los equipos digitales. El proceso de capacitación de los agentes no concluirá hasta el 17 de noviembre.
Los handheld (equipos para levantar partes electrónicos) debían ser alimentados con la información de la nueva ley, lo cual se hizo en el último minuto, y el Ministerio de Salud no logró tener a tiempo la lista de laboratorios autorizados para hacer la prueba de alcohol en la sangre.
Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes, admitió los fallos con franqueza, los calificó de verguenza institucional y ordenó investigar las razones de tanta omisión. Con la misma franqueza, el ministro de Información, Francisco Chacón, añadió: “No hay ninguna justificación, porque esta no fue una ley sorpresiva: todos sabíamos que había sido aprobada, que había sido suscrita, que estaba en proceso de publicación. Todo debió haber estado listo para que todos los mecanismos fueran aplicados de inmediato”.
Sin embargo, tampoco estaba listo el decreto requerido para aplicar la restricción vehicular, y el Ejecutivo se vio obligado a redactarlo a la carrera. En este caso, el ministro Chacón alegó la supuesta imposibilidad de preparar el decreto antes de publicar la ley en La Gaceta. La publicación es un requisito para la vigencia de la ley, pero en nada condiciona la ejecución de las medidas preparatorias de su aplicación.
Hubo tiempo para todo, como lo reconocen los ministros, pero el MOPT no supo aprovecharlo. La urgencia de la ley queda demostrada con la observación hecha el viernes por este diario, en las inmediaciones del cementerio de Alajuela. En solo 15 minutos, dos adolescentes pasaron por la calle en patineta (¢20.000 de multa), un taxista utilizó su celular sin manos libres (¢94.000), una mujer circuló sin ceñirse el cinturón de seguridad (¢94.000) y los motociclistas pasaban sin el chaleco exigido (¢47.000) o con las luces apagadas (¢47.000).
El listado de irregularidades es amplio y puede ser constatado en cualquier esquina. El país sobrevivió por años sin una ley de tránsito ajustada a las necesidades actuales. Los atrasos señalados no marcarán una diferencia definitiva, pero constituyen un recordatorio de uno de los vicios más costosos de nuestra administración pública. La obstinada resistencia a actuar con previsión se manifiesta en el hueco de la autopista General Cañas tanto como en la capacitación de los oficiales de tránsito.
Está tan presente en la caída de un puente mal conservado como en la ausencia del decreto requerido para aplicar la restricción vehicular.
Las soluciones de último minuto a menudo son incompletas, erróneas o ineficaces. Pensar en el futuro es un componente indispensable del arte de gobernar, tanto como no puede ser obviado en la esfera de la empresa privada y hasta de la vida personal. La previsión es responsabilidad y es, también, lo menos que la ciudadanía tiene derecho a esperar de la función pública.