En determinado momento, un jerarca debe considerar si su permanencia en el cargo contribuye a cumplir los fines institucionales o si, por el contrario, se ha convertido en un lastre. La ponderación es particularmente necesaria cuando se trata de una institución vital para la paz social y la estabilidad, como es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no obstante sus amplias oportunidades de mejora o, más bien, porque esas oportunidades existen y no hay tiempo que perder.
Las posibilidades de una gestión eficaz de la presidenta ejecutiva Marta Esquivel han venido disminuyendo en los últimos meses. Hay un claro déficit de credibilidad generado por sucesivos anuncios, constantes postergaciones y, a la postre, dudas sobre el avance del proyecto estelar de la administración: la reducción de las listas de espera.
Las últimas medidas, anunciadas con despliegue ceremonial y publicitario, no habían pasado por la Junta Directiva ni gozan de apoyo en lo interno de la institución. Poco ayudó la presentación del plan con el título “Ruta de la Salud. Menos espera, mejor servicio”, evocador de otras “rutas” de dudoso tránsito, como las de la seguridad, la educación y el arroz.
La pérdida de credibilidad se acrecienta por la denuncia enviada por la Contraloría al Ministerio Público para que investigue el presunto maquillaje de informes actuariales utilizados para paralizar la construcción de nuevas clínicas y hospitales, así como anunciar la quiebra del sistema de seguridad social.
También hay mengua de la autoridad moral. La presidenta ejecutiva accedió al cargo luego de la destitución de su predecesor por un enfrentamiento con el gobierno a raíz del aumento salarial retroactivo aprobado por la Junta Directiva para los 63.000 empleados de la institución. Ahora, la Contraloría General de la República señaló la incompatibilidad del salario de ¢7,1 millones cobrado porEsquivel desde su nombramiento, en setiembre del 2022, con los límites impuestos por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El artículo 42 de la ley impide remunerar ese y otros cargos con más de¢5,5 millones, equivalentes a20 salarios basede la categoría más baja en la escala de sueldos.
La Junta Directiva de la CCSS decidió adecuar la remuneración de Esquivel al dictamen de la Contraloría, pero ella recusó a los tres representantes laborales y rehúsa devolver el dinero mientras espera un pronunciamiento del Ministerio de Planificación sobre la interpretación legal de la Contraloría. Mientras tanto, su predecesor Álvaro Ramos pidió a la institución determinar cuánto se le pagó de más durante su permanencia en el cargo para reintegrar el dinero.
El contraste entre la actitud asumida por cada cual y la confrontación con la Contraloría, por el salario de una funcionaria llegada al puesto por la falta de austeridad atribuida a su predecesor en materia de remuneraciones, erosionan la autoridad moral necesaria para ejercer un liderazgo eficaz en la presidencia ejecutiva.
La persistente oposición a la construcción del hospital de Cartago en el terreno adquirido al efecto en el 2011 ha suscitado protestas en la provincia y la idea planteada por Esquivel de esperar el criterio de expertos californianos sobre sismicidad fue recibida como una “bofetada” por el Colegio de Geólogos. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos cuestionó las objeciones al proyecto y se declaró satisfecho con los estudios técnicos existentes. El martes, la Directiva de la CCSS rechazó la propuesta de ampliar tres meses la suspensión de Jorge Granados, gerente de Infraestructura y Tecnologías, planteada por la presidenta ejecutiva. Granados apoya la construcción del nuevo hospital en los terrenos adquiridos en el 2011.
Esquivel sufre, además, de una creciente vulnerabilidad política. La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) solicitó al Consejo de Gobierno abrir una investigación en su contra por el presunto maquillaje de los informes actuariales y otras decisiones. El sindicato pidió una suspensión de la funcionaria como medida cautelar para salvaguardar la integridad de la investigación. Poco después, los 19 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) exigieron su renuncia. La presidenta ejecutiva haría bien si considera la petición o, cuando menos, se plantea una ruta, ahora sí, para recuperar el terreno perdido.