Las tobilleras electrónicas son un medio para combatir el hacinamiento en las cárceles y ofrecer mejores condiciones a la población recluida. Ayudan, también, a reinsertar en la sociedad a reos de menor peligrosidad o próximos a cumplir sus condenas, siempre con el criterio de jueces y criminólogos. Fines tan valiosos no deben ponerse en riesgo por los abusos de algunos beneficiarios y falta de rigor en la vigilancia o en los criterios de concesión del beneficio.
Según la Policía Municipal de San José, cada semana detectan, como mínimo, tres reos fuera de la zona permitida por el plan de vigilancia electrónica, con el dispositivo descargado o en proceso de cometer delitos. La ley debe ser rigurosa con ellos, no solo para castigar su reincidencia, sino también para proteger la continuidad del programa y el acceso de otros beneficiarios, más dispuestos a observar las reglas.
Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, dice no haber recibido nunca una alerta del Ministerio de Justicia sobre la presencia de un reo fuera de la zona permitida y tampoco una petición de ayuda para localizar a un infractor. Las circunstancias le han convencido de que las tobilleras no son monitoreadas y sus portadores lo saben.
La presunción de Solano es gravísima y debe ser investigada por expertos independientes. Es el jefe de la policía capitalina y sin duda tiene documentados los hechos. Esos indicios bastan para ordenar una revisión del programa, y el principal interesado en la acreditación objetiva del buen funcionamiento es el Ministerio de Justicia.
Según el Ministerio, las labores de seguimiento se ejecutan con diligencia. Este año, afirman del despacho, han emitido 4.563 alertas de reos salidos del perímetro permitido. El número incrementa la inquietud, porque solo hay 1.809 personas sometidas al programa. Si las alertas son más del doble de los beneficiarios, algo está fallando. Si no es la vigilancia, podría ser el seguimiento o el criterio judicial con respecto a los trasgresores. La seguridad ciudadana y las dificultades del régimen penitenciario exigen precisar la falencia para corregirla cuanto antes.
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De acuerdo con Solano, sus oficiales detienen a sujetos con tobilleras en el momento de cometer delitos como venta de droga, robos y hurtos. Algunos son capturados por la misma causa que les valió la condena y la orden de utilizar el grillete. El policía critica la aplicación del beneficio a indigentes sin posibilidad de reinserción en la sociedad, rechazados por sus familias e incapaces de procurarse un medio para sustentarse.
En el 2018, el consultor portugués Nuno Caiado hizo un primer estudio del sistema y algunas de sus conclusiones son similares a las del policía. Los jueces imponen el uso de las tobilleras sin conocer las condiciones personales y sociales del beneficiado, afirmó. Los parámetros legales (pena menor a seis años y no haber sido imputado por un delito violento) son insuficientes y es necesario considerar la capacidad de la persona para cumplir sus compromisos.
El juez William Serrano coincidió en la trascendental importancia de contar con un estudio social de los imputados antes de ordenar el uso de medios electrónicos, pero señaló la «imposibilidad material del Instituto Nacional de Criminología de elaborar informes en el plazo de ley concedido para resolver la situación jurídica de los encartados».
La falta de estudios no fue la única deficiencia señalada por Caiado. Encontró suficientes para advertir sobre la saturación del sistema y predecir su insostenibilidad a corto plazo. Ojalá estemos lejos de ese punto y a tiempo para rectificar. Haríamos mal si descartáramos la evidencia empírica ofrecida por el jefe de la Policía Municipal, siquiera como llamado a examinar el programa.