La histórica victoria costarricense en La Haya confirma la sabiduría de recurrir a los medios proporcionados por el derecho internacional para resolver diferendos entre países hermanos. Carlos Argüello, embajador nicaragüense en Holanda, señaló el camino poco después de leído el fallo de la Corte Internacional de Justicia: “Ya tenemos una sentencia y, a partir de ahora, tenemos que buscar la convivencia y punto (…) tenemos que darle vuelta a la página”.
Ambos gobiernos deben moverse en esa dirección sin tardanza, con la mira puesta en la convivencia y con objetivos todavía más ambiciosos. En la frontera, ticos y nicas conviven, comercian y establecen nexos familiares. La zona tiene gran potencial y necesidades de desarrollo. Hay amplio espacio para una fructífera cooperación entre las naciones vecinas.
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Costa Rica tiene derecho a estar satisfecha. Dos gobiernos nacionales, el de Laura Chinchilla y el de Luis Guillermo Solís, supieron plantear y conducir hasta la victoria el proceso en La Haya. Experimentados diplomáticos costarricenses, de la talla de Édgar Ugalde, para citar a uno de los más destacados, pusieron extraordinario empeño en la causa nacional, y la Cancillería encabezada por Manuel González luce hoy la distinción de haberlos mantenido en el cargo sin mezquindades nacidas de los servicios prestados a otras administraciones.
Los dos gobiernos nacionales confrontados con la crisis suscitada por la invasión de territorio costarricense en isla Calero se comportaron con firmeza y dignidad. Fieles a los valores defendidos por nuestro país, depositaron su confianza en la ley y ahora tienen derecho a celebrar los resultados.
La Corte reconoció la soberanía de Costa Rica sobre el territorio en disputa, el extremo norte de isla Calero, conocido como isla Portillos. En consecuencia, la excavación de tres caños y la presencia militar nicaragüense en la zona constituyeron una violación de esa soberanía. Las obras también irrespetaron las medidas cautelares establecidas por la Corte el 8 de marzo del 2011.
Según el fallo, Nicaragua violó los derechos de navegación de Costa Rica en el río San Juan, establecidos por los tratados limítrofes de 1858, al impedir el tránsito en contravención de lo dispuesto por la Corte en el 2009. Los jueces dejaron asentado el derecho de Costa Rica a recibir compensación por los daños materiales causados durante la ilegal incursión nicaragüense.
En cambio, a nuestro país se le encontró culpable de no hacer estudios de impacto ambiental antes de iniciar la construcción de la trocha fronteriza, pero la omisión no violó obligaciones ambientales mayores ni causó daños graves al río San Juan, como alegaba Nicaragua.
Conocido el fallo, la expresidenta Chinchilla hizo un llamado a concluir la trocha, conocida como Ruta 1856. Sus palabras no deben caer en el vacío y coinciden con las intenciones expresadas por Luis Guillermo Solís cuando aún era candidato presidencial. En marzo del 2014, el ahora mandatario ofreció a los vecinos de Los Chiles completar las obras. “Hay que hacer lo necesario para que este proyecto se termine y se termine bien”, afirmó.
La obra es indispensable para fortalecer la presencia nacional, atender el área limítrofe, mejorar su vigilancia e impulsar el desarrollo. Empresarios de la zona, casi todos pequeños y medianos, no esperaron la conclusión del camino para invertir en la construcción de cabinas y restaurantes. La inminencia de una vía transitable todo el año alimentó la esperanza de atraer turistas interesados en la belleza natural de la región fronteriza. La suspensión de los trabajos abatió la esperanza en un área económicamente deprimida y prácticamente olvidada. La conclusión de la obra es el elemento que falta para pasar la página.