En el quinquenio del 2018 al 2022, el promedio de partos de madres con menos de 15 años fue de 233, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Los embarazos sin duda fueron más, porque el INEC solo contabiliza los llevados a término y la inmadurez del organismo de niñas y adolescentes eleva la probabilidad de un aborto.
Los números también dan pie para sospechar de una elevada cantidad de víctimas menores de 13 años con quienes el acceso carnal es violación, dada la imposibilidad del consentimiento. En el 2021 (último año del que se conocen cifras) hubo 13 partos de menores de 13 años. En el 2020 hubo 12 y en el 2019, otros 13. No sabemos, sin embargo, cuántas violaciones no resultaron en embarazo.
Así como los abortos reducen la estadística, el temor impide conocer el número de abusos y reprime la denuncia. A menudo, el agresor comparte el techo de la agredida y otros miembros del núcleo familiar lo justifican y protegen. La fuerza del temor se evidencia, incluso, cuando ocurre el embarazo y la menor responde preguntas del personal del centro médico donde recibe atención. En el 2021, nueve de las 13 niñas atendidas no identificaron al padre y dos dijeron desconocer su edad.
El inquietante silencio se extiende a todo el grupo de madres de menos de 15 años. De los 211 casos del 2022, solo el 7,58 % dijo saber la edad del padre. El 49 % no la declaró y el 43,6 % dijo ignorarla. El dato es esencial para comprobar la comisión del delito. Hace poco más de una década, nada impedía a un adulto contraer matrimonio con una quinceañera, sin importar la diferencia de edad entre ambos, si había consentimiento de los padres. Solo entre el 2007 y el 2014, hubo 14.000 matrimonios de este tipo. Todo cambió el 13 de enero del 2017, con la entrada en vigor de la ley de relaciones impropias que tipificó el acceso carnal con una víctima mayor de trece años y menor de quince si el autor le lleva cinco o más años de edad.
La erradicación del matrimonio con adolescentes no es el único avance en la materia. El promedio anual de 233 partos en menores de 15 años en el quinquenio 2018-2022 es mucho más bajo que los 611 alumbramientos del 2000 o los 400 o más ocurridos anualmente hasta el 2015. En general, hay significativos avances en la prevención de embarazos adolescentes.
A inicios del siglo nacían, en promedio, 21 bebés al día de madres con edades entre 10 y 17 años. A finales del 2018, el número había caído a la mitad, con una media de 11 alumbramientos diarios y, pasados tres años, en el 2021, el promedio cayó a seis nacimientos al día.
No obstante, los partos de menores de 15 años se estancaron en algo más de 200 y se mantienen como una vergüenza nacional. Constituyen una señal delatora de un abuso mucho mayor. También son un dedo acusador apuntando hacia la familia, la comunidad y el Estado. La niña que dio a luz en Cartago y luego sufrió la desaparición de su bebé ejemplifica todas las debilidades del sistema establecido para ofrecer protección a la niñez.
Dos salvaguardas funcionaron: el colegio lo indagó y denunció con prontitud el embarazo de la niña al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el centro de salud hizo lo mismo apenas tuvo contacto con ella, pero, hasta donde sabemos, nada pasó, ni en la institución encargada de velar por la niñez ni en el Ministerio Público. Esas fallas no deben nublar la vista a otras dos instancias de protección inmediatas: la familia y la comunidad. Nadie debe ser indiferente al abuso contra una niña y mucho menos quienes viven en su entorno.