La diferencia entre los activos y los pasivos de una persona constituye su patrimonio. No tiene sentido mantener activos improductivos si existe el compromiso de pagar onerosos intereses sobre las deudas porque, eventualmente, esos desembolsos acabarán comiéndose el patrimonio. En el Estado, sucede exactamente lo mismo.
La propuesta del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, de vender activos estatales de áreas no estratégicas y con pocos réditos —como el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal)— para reducir el costoso endeudamiento del Gobierno, es bienvenida. No tiene sentido mantener la Fanal como empresa del Estado. Conviene deshacerse de ella para no distraer recursos ni capacidad administrativa. Si de paso se recogen algunos colones, mucho mejor.
El caso de Bicsa es un tanto diferente. Bicsa es propiedad de los dos bancos comerciales del Estado: el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica. No opera en Costa Rica y tampoco desempeña una función clave para la economía nacional. El Estado no necesita tres bancos comerciales cuando sus fines —concesión de créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, operaciones de comercio exterior, ahorros, etc.— pueden ser satisfechos por gran cantidad de bancos en el país y el extranjero.
El negocio de Bicsa no ha generado gran rentabilidad sobre el patrimonio promedio (ROE, por sus siglas en inglés) y, de la venta, el Estado obtendría considerables recursos para abonar a la deuda pública. Usualmente, un banco se vende a un precio superior al de su valor en libros. Sin embargo, los potenciales compradores probablemente analizarán las operaciones cautivas controladas por Bicsa en su condición de banco estatal, como depósitos del Banco Central de Costa Rica, del Gobierno y de sus bancos socios, porque las perderían al pasar a ser propiedad privada. A partir de esas consideraciones, harán su cotización.
Por otro lado, Bicsa posee activos intangibles valiosos, como su presencia en diversas plazas del extranjero —Panamá y, especialmente, Miami—, los cuales deben ser objeto de la debida consideración técnica al ofrecer la entidad a los compradores. Cuanto más obtenga el país de su venta, más grande será su contribución al alivio de la deuda pública.
No se puede hacer una torta sin quebrar los huevos, dice un conocido refrán. Asimismo, no debemos esperar que la venta de activos estatales deje de implicar cambios en materia de empleo. Los compradores de Bicsa y Fanal no tienen por qué mantener en sus cargos a los funcionarios actuales. Podrían retener a algunos —los más destacados— y cesar a otros para bajar costos o mejorar el desempeño. Si logran expandir los negocios, más bien podrían contratar más personal.
La propuesta de la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido, consistente en fusionar instituciones públicas para evitar duplicidades y reducir costos, con el fin de paliar el déficit fiscal, pierde trascendencia si de entrada se piensa hacerlo sin reducir la cantidad de servidores de las entidades involucradas. En materia de reforma del Estado, esa limitación es absurda.
Algunos argumentan que no es momento de cesar funcionarios, dado el gran nivel de desempleo, pero mantener empleo redundante conlleva una carga evitable para el sector privado, al cual se le imponen cuantiosos impuestos, además de los males relacionados con un déficit alto, como en el caso de Costa Rica.
La reforma del Estado, administrativa y financiera, es prerrequisito para la reactivación económica, indispensable para aliviar la carga de la deuda, reducir el desempleo y combatir la pobreza. Por eso, la reforma no debe sufrir limitaciones innecesarias.