El gobierno enfrentará una gran vendimia de vencimientos de deuda durante los próximos seis años, con una cifra récord en el 2023, cuando vencerán más de $4.000 millones en títulos de deuda interna y externa. El monto equivale al 10 %, aproximadamente, del tamaño de la economía (PIB). Los vencimientos no constituirían mayor problema financiero si el endeudamiento del Gobierno Central estuviera en niveles bajos y perspectivas de mejora, o si la tasa de interés pagada por los créditos fuera reducida, pero, desafortunadamente, ese no es el caso ni podemos esperar que lo sea en el futuro previsible.
La mayor parte de la deuda del Gobierno Central, alrededor del 70 % del PIB al finalizar este año, está expresada en colones y sus tenedores son inversionistas institucionales costarricenses, como el Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense de Seguro Social y entidades privadas administradoras de fondos de retiro. Otra parte está en moneda extranjera y el costo está expuesto al riesgo de devaluación.
La deuda interna puede, bajo ciertas condiciones, ser renegociada con sus tenedores, pero es más difícil hacerlo con la colocada en el mercado internacional porque —entre otras cosas— necesita autorización expresa de la Asamblea Legislativa. En uno y otro caso, las posibilidades de renegociación de vencimientos en vendimia, como los de los próximos años, son más altas cuando los inversionistas tienen suficiente garantía del entorno fiscal. Ese tampoco es el caso en la actualidad, en mucho porque el endeudamiento del gobierno no es solo producto de los compromisos del pasado. La deuda aumenta año tras año cuando se opera con déficit.
En consecuencia, la Tesorería Nacional podría enfrentar serios problemas de refinanciamiento, que le dificultarían renovar la deuda existente a menos que esté dispuesta a reconocer altas tasas de interés, con una prima de riesgo, sobre los nuevos bonos.
Isaac Castro, viceministro de Hacienda, en entrevista concedida a este medio, reconoció que a partir de mayo del 2022 lo que suceda no le tocará a esta administración, pero no por eso puede hacer caso omiso de eventuales complicaciones. También señala la necesidad de disminuir gasto en el Gobierno Central, hacer una reasignación de recursos para reducir el déficit fiscal y, por esa vía, bajar la presión de las necesidades de financiamiento futuro (La Nación, 30/11/2020).
Las apreciaciones del viceministro son correctas. Sus superiores jerárquicos —el ministro de Hacienda y el propio presidente de la República— siempre deberían hablar con la misma claridad. El mandatario lo hizo recientemente, sin embargo, su administración también convocó «un acto solemne» para «celebrar» los acuerdos de la mesa de diálogo multisectorial, cuando no pasan de ser simbólicos y carecen de mayor impacto en el déficit fiscal y el endeudamiento futuro.
Es preciso describir la realidad con toda crudeza. Estamos delante de un serio riesgo de fracasar en el refinanciamiento de deuda y de encarar dificultades para hacer frente a los gastos corrientes, incluidos sueldos y pensiones, y de capital. Urge señalar el camino hacia un programa de ajuste aceptable para el Fondo Monetario Internacional, no solo con el objetivo de acceder a un préstamo a tasa concesional, sino también para convencer a los inversionistas domésticos e internacionales de que las finanzas públicas costarricenses van por buen camino. La semana entrante conoceremos el primer esbozo de ese plan, ojalá apuntalado por la prudencia de no pretender, como en setiembre, una solución desequilibrada hacia los ingresos.