La combinación de las pensiones con la política puede ser dañina para la salud financiera de los adultos mayores. Como ejemplo, está la insistencia del Banco Central en los últimos tres años para que los fondos de pensiones inviertan más en títulos del Gobierno, lo cual se suma a pretensiones de impedir que las operadoras de pensiones complementarias inviertan en el exterior para diversificar mejor los riesgos y obtener mayores rentabilidades para sus afiliados.
A eso se le deben agregar los ingentes esfuerzos de más de una década de la administración tributaria por eliminar los incentivos fiscales a los trabajadores que ahorran en fondos obligatorios y voluntarios de pensiones. O los movimientos políticos recientes que pretendían destinar los fondos de pensiones a aliviar la parálisis económica originada por la pandemia.
La experiencia de Chile y Perú nos muestra que esas políticas tuvieron un efecto casi imperceptible en el crecimiento económico, pero sí generaron aumentos en la inflación y el tipo de cambio, lo cual perjudicó a toda la población de afiliados o pensionados. Mientras tanto, quienes retiraron sus ahorros laborales los utilizaron para hacer gastos no asociados con el retiro, y los pocos que lo ahorraron invirtieron en instrumentos con menos rentabilidad que la obtenida por los fondos de pensiones.
Estas políticas tienen, además, un efecto sobre la pobreza en la vejez, especialmente en Costa Rica, donde los mayores de 65 años son el grupo poblacional más pobre. Es más, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), menos de 3 de cada 10 adultos en edad de trabajar cotiza para una pensión, el resto está desempleado, se desempeña en actividades informales o está fuera de la fuerza laboral. Esto plantea un reto urgente de reformas de nuestro sistema de pensiones.
No obstante, preocupan algunas de las propuestas planteadas por los candidatos a la presidencia de la República. Por una parte, se encuentran medidas populistas e inviables como la eliminación de las pensiones de lujo mediante referendo, ignorando que el artículo 105 de la Constitución Política prohíbe este tipo de consultas en materias fiscales y de pensiones, entre otras.
Otros candidatos proponen utilizar los fondos de pensiones en la compra de acciones de instituciones públicas, como el Banco Popular y el Instituto Nacional de Seguros. Eso haría, por ejemplo, a la operadora de pensiones del Banco Popular dueña de una parte de su propio grupo financiero, al ser la OPC más grande del país, sin que exista claridad acerca de cuál es la ventaja de este mecanismo para los afiliados, pues no es más que una alquimia financiera para disminuir la deuda pública. Con ese fin, sería más transparente hablar de la privatización de algunas empresas del Estado.
Por último, existe un común denominador en los planes de gobierno de los principales partidos políticos que ofrecen usar los fondos de pensiones para la inversión en obra pública. Si bien existen experiencias internacionales muy positivas en este caso, es imperioso primero ordenar la regulación alrededor de esta figura, pues este tipo de proyectos son más riesgosos que las inversiones de los fondos de pensiones en la actualidad y, por lo tanto, deben brindar mayor rentabilidad.
Esto significa que se deben respetar primero los intereses de los dueños de los fondos, es decir, los afiliados, pues el objetivo del sistema es obtener seguridad económica para financiar sus gastos en la vejez. Por eso, la nueva administración debe liderar la institucionalidad alrededor de esta figura y las nuevas autoridades del Banco Central deben ajustar la regulación financiera para dinamizar un mercado de valores que habilite esta opción de financiamiento.