La huelga de finales del 2018 desnudó las deficiencias de la legislación laboral y la urgencia de regular el ejercicio del derecho de los trabajadores para impedir su desnaturalización. Hay problemas prácticos, de fácil solución, cuya existencia más bien asombra. Por ejemplo, en plena era digital, no hay forma de notificar a los sindicatos si el funcionario judicial encargado no encuentra a sus representantes. Pero en el curso de la huelga surgieron problemas conceptuales, de mucho más calado.
Algunos sectores lograron posicionar la idea de la huelga “política” como una exigencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero esa entidad ni avala ni recomienda la huelga política, rechazada en todo el mundo. La huelga política se dirige contra los poderes establecidos para derrocarlos. No es la huelga contra políticas públicas, que sí tiene un grado de aceptación.
Superada la confusión de términos, en la cual también caímos los periodistas, se planteó el problema de la supuesta obligatoriedad de la huelga contra políticas públicas. Se trata de huelgas dirigidas contra decisiones gubernamentales cuyos efectos los trabajadores adversan. El Comité de Libertad Sindical de la OIT recomienda adoptar la modalidad, pero no lo exige porque sus recomendaciones no son vinculantes.
Países con impecables credenciales democráticas rechazan explícitamente la huelga contra políticas públicas. Estas últimas son medidas de alcance general cuya definición compete a las autoridades debidamente constituidas. Grupos de presión específicos, como los sindicatos, no deben aspirar a cogobernar un país en beneficio de sus intereses sectoriales, dicen las naciones donde el pretendido derecho no existe.
Un reducido número de países admite las huelgas contra políticas públicas, pero en los términos aceptados por el Comité de Libertad Sindical. Cuando el patrono no puede satisfacer las demandas de los trabajadores, la huelga contra políticas públicas llega a eternizarse mientras las autoridades insistan en las medidas causantes de la protesta. Por eso, los pocos países donde se permite la entienden como una protesta limitada al tiempo necesario para manifestar la disconformidad.
En nuestro país, como en todos, la huelga política no se admite. Somos, además, de la mayoría donde tampoco existe la huelga contra políticas públicas. Por lo menos no existía hasta que algunos jueces de trabajo le dieron vida al interpretar como directamente aplicable la recomendación del Comité de Libertad Sindical. Para mayor confusión, juzgaron que la ausencia de regulación, en lugar de significar la inexistencia del disputado derecho, lo establece sin cortapisas.
A falta de regulación, y entendida como existente en virtud de la recomendación (en realidad no vinculante) del Comité de Libertad Sindical, la huelga contra políticas públicas de pronto apareció en Costa Rica por la libre, sin ninguno de los requisitos establecidos para la legítima huelga por razones laborales. La situación es insostenible y da pie a incontables abusos. Ninguna norma internacional nos obliga a preservarla y está lejos de la práctica en los países donde sí se admite la huelga contra políticas públicas.
La Procuraduría General de la República advirtió el peligro y planteó un recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico para pedir a la Sala II de la Corte Suprema de Justicia declarar la inexistencia de este tipo de huelgas en el país. Al mismo tiempo, una comisión del Congreso emprendió la tarea de remozar la legislación sobre las huelgas en general.
Los diputados dialogaron durante semanas con los sindicatos y otros interesados. El viernes 9 de este mes dictaminaron el proyecto con cinco votos a favor y uno, el del Frente Amplio, en contra. Es un esfuerzo valioso y urgente. Ojalá el resto del trámite sea expedito para contar con una regulación moderna y justa.