Un grupo de diputados pide a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría de la Ética investigar la carta de intenciones suscrita entre el Grupo Nación, propietario de este periódico, y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) el 11 de junio del 2019. La Nación se une con entusiasmo a la petición de los legisladores, renuncia públicamente a cualquier maniobra legal dilatoria de las averiguaciones y ofrece toda su colaboración para el esclarecimiento del caso.
Nuestro ofrecimiento incluye el compromiso de entregar a las autoridades todo documento relacionado con el convenio. En nuestro poder obra el texto del acuerdo, ya difundido en nuestra edición electrónica del viernes y publicado hoy, una vez más, en ambas ediciones. En la impresa, lo leerán en la página siguiente a la este editorial. En esta, está a continuación:
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Quedamos atentos a cumplir, con presteza, otros requerimientos de las autoridades citadas, o de cualquier otra interesada en esclarecer el asunto. Nadie tiene tanto interés como el Grupo Nación en desmentir la falsedad publicada por el sitio crhoy.com y secundado por Diario Extra, en perfecta comunión de métodos y valores con un puñado de diputados menos y un fracasado excandidato a la presidencia.
Con la publicación del convenio rogamos también a nuestros lectores una lectura medianamente atenta. Eso será suficiente para dejar la mentira al descubierto. La mentira, claro está, es el titular de crhoy.com que dio origen a infundados cuestionamientos: “Grupo Nación y gobierno firmaron convenio que incrementaría costo de tren eléctrico en casi 150.000 millones de colones”. Un lector medianamente atento puede constatar:
1- La carta de intenciones no se refiere al tren eléctrico, sino a la recuperación de la vía trazada por la administración de Rafael Yglesias en 1895.
2- El Incofer no asume compromiso alguno que pueda elevar en ¢150.000 millones el costo del futuro tren eléctrico.
3- El Grupo Nación se compromete a colaborar en la búsqueda de “recursos y aliados” para rehabilitar viejas vías entre El Coyol y San José que siempre han pasado por la zona donde está Parque Viva, en La Guácima. También se compromete a promover el uso de los servicios ferroviarios en esa zona.
4- El único compromiso del Incofer es coadyuvar al restablecimiento del servicio para extenderlo hasta El Coyol, como pretende hacerlo, también, hasta Paraíso.
5- En el convenio no hay una estimación de los recursos que el Grupo Nación y otros aliados deberían aportar para recuperar la vieja vía, pero en la información que La Nación publicó el 13 de junio del 2019 para informar de la firma del convenio se habla de apenas $1,7 millones.
6- La Nación publicó la firma del convenio con toda transparencia y orgullosa de participar de una alianza público-privada relativamente modesta, pero de gran beneficio para el país, las empresas y las comunidades de la zona y Parque Viva.
7- El Incofer actuó con la misma transparencia y el convenio permanece publicado en su página oficial, a la cual el lector puede llegar con solo buscar el sitio de la institución en Google, hace clic en “Asuntos legales”, luego en “Convenios” y, por último, en “ver convenios”. El texto aparece allí, junto a otros similares, entre ellos uno con una empresa hotelera y otro con una universidad, ambas interesadas en construir paradas del tren y donarlas al Incofer para beneficio mutuo.
8- La única mención del tren eléctrico es para decir que mientras el Incofer lo desarrolla, el Grupo Nación procurará gestionar recursos y encontrar aliados para rehabilitar la línea existente. En otras palabras, la colaboración prestada por el sector privado para recuperar el tren de diésel no puede aspirar a la permanencia porque, algún día, por las mismas líneas férreas pasará el tren eléctrico.
9- La carta de intenciones no establece obligaciones realmente vinculantes para ninguna de las partes más allá de “colaborar” en la búsqueda de recursos y aliados para rehabilitar las viejas líneas del tren, sobre el único derecho de vía existente. Si hubiera propósitos ocultos, la firma de una carta de intenciones inocua, ayuna de toda mención de esos propósitos y a todas luces ineficaz para lograrlos, pasaría a los anales de la imbecilidad. Más estúpida todavía sería la publicación, desde el primer momento, del acuerdo firmado.
El lector también puede descubrir cómo se urdió la trama. Si escribe en Google el título citado de crhoy.com verá la publicación original. La historieta es la siguiente: el estudio de ingeniería de valor estimó el costo del tren eléctrico en $1.265 millones, pero, concluido el estudio de factibilidad, en mayo del 2020, el costo subió en $265 millones. El anuncio del costo definitivo se hizo once meses después de la carta de intenciones firmada con el Grupo Nación para conseguir recursos y aliados interesados en rehabilitar la vieja vía. Entonces, concluye la torcida lógica de crhoy.com, el aumento de precio se debe al convenio que el lector tiene en este momento al alcance de su vista. ¡$265 millones más por una carta de intenciones referida a la recuperación de la línea férrea de Rafael Yglesias, donde las partes no adquieren mayores obligaciones ni se comprometen a nada relacionado con el tren eléctrico!